Las autoridades indígenas de los 48 Cantones de Totonicapán ofrecieron una conferencia de prensa en el Parque La Unión, donde denunciaron públicamente los intentos de algunos diputados por concentrar el poder político y desestabilizar el país. El pronunciamiento fue claro: “no permitiremos que intereses oscuros sigan afectando el futuro de Guatemala”.
Por Prensa Comunitaria
Frente a medios locales y comunitarios, la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y los alcaldes comunales advirtieron sobre los movimientos dentro del Congreso de la República para acaparar el control de la Junta Directiva, comisiones legislativas y aprobar privilegios como el aumento salarial a los diputados.
En el Parque la Unión, frente a la esfinge de Atanasio Tzul, denunciaron que se intenta debilitar al presidente Bernardo Arévalo y su gobierno, promoviendo un posible antejuicio con el fin de destituirlo de forma ilegal.
Las autoridades advirtieron que esta maniobra parte de una estrategia planificada desde el Congreso: capturar la Comisión de Finanzas para bloquear la aprobación del Presupuesto General de la Nación, asfixiar financieramente al Ejecutivo, y luego justificar el inicio de un antejuicio.
Según lo expuesto, este proceso sería conocido por la Comisión Permanente del Congreso durante el receso legislativo de medio año, aprovechando su facultad para actuar como pesquisidora en ausencia del pleno. Este mecanismo, según los 48 Cantones, podría ser utilizado para declarar con lugar el antejuicio y remover del cargo al presidente, sin respetar el mandato popular otorgado en las urnas.
En su mensaje, las autoridades identificaron a los diputados que, aseguran, están liderando estos movimientos: Álvaro Enrique Arzú Escobar, Elmer Josué Palacios Reyes, Felipe Alejos Lorenzana, Nadia Lorena de León Torres, Carlos Enrique López Girón, Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez, Allan Estuardo Rodríguez Reyes y José Inés Castillo Martínez.
Además, la Junta Directiva de los 48 Cantones señaló a la Corte de Constitucionalidad (CC) de “plegarse al intento golpista” al otorgar un amparo a varios diputados, que ordena que se retome la sesión del 29 de abril donde se buscaban cambios en la integración de la Junta Directiva y las comisiones legislativas. Según las autoridades, esta decisión abre la puerta para consolidar el control de estructuras clave del Congreso.
Este martes 14 de mayo se espera que continúe la sesión suspendida el 29 de abril, en la que podría concretarse la redistribución de comisiones legislativas, la elección del nuevo primer secretario de la Junta Directiva y la integración de la Comisión Permanente, órgano que asume el control del Legislativo durante el receso que va de mayo a agosto.
Las autoridades indígenas exigen a los diputados trabajar una agenda legislativa que responda a las necesidades del pueblo, dejando de lado el uso del Congreso para intereses particulares.
Empresas, comisiones del Congreso y ataque a la protesta social
Los 48 Cantones alertaron sobre los intentos de controlar comisiones estratégicas del Congreso de la República, espacios clave desde donde se toman decisiones que afectan directamente la gestión del Estado y el uso de recursos públicos.
Entre ellas, destacaron la Comisión de Finanzas Públicas y la Comisión de Energía y Minas, cuyos integrantes tienen influencia directa sobre la asignación presupuestaria y el aval a proyectos de inversión, especialmente en sectores como el extractivismo.
En el caso de la Comisión de Energía y Minas estaría siendo disputada por intereses ligados a empresas como Perenco, dedicada a la extracción de petróleo en Petén, así como a compañías mineras e hidroeléctricas, que han sido señaladas por su papel en la destrucción de los territorios, el despojo de tierras comunitarias y la contaminación de ríos y fuentes de agua.
Además, expresaron su rechazo a las propuestas de reformar el delito de terrorismo, advirtiendo que estas reformas buscan criminalizar la protesta social y perseguir a liderazgos comunitarios.
“¿Quiénes son los verdaderos terroristas? ¿Quiénes organizan al pueblo o quienes están secuestrando las instituciones del Estado?”, cuestionaron.
Llamado a actuar con responsabilidad
Las autoridades indígenas exigieron a los 160 diputados del Congreso trabajar con seriedad y responsabilidad, responder a las verdaderas necesidades del pueblo y detener cualquier agenda que responda a intereses particulares. También insistieron en la necesidad urgente de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) para recuperar la independencia de la justicia.
Esta reforma facultaría al presidente Bernardo Arévalo a destituir a la fiscal general.
Finalmente advirtieron que la ciudadanía está observando con atención el actuar de los diputados y magistrados, y que, si no se atienden las demandas legítimas del pueblo, se levantarán nuevamente en defensa de la democracia y la dignidad.
Cierre del mensaje y respuestas finales
Antes de cerrar el encuentro, se abrió un espacio de preguntas con los medios presentes. Una de ellas fue en relación con el anuncio de que Guatemala había salido recientemente del Capítulo IV.B del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde suelen figurar los países con graves violaciones a los derechos humanos.
Las autoridades lamentaron que, pese a ese avance, la situación actual demuestra un retroceso evidente. “Si hubo una evaluación anterior que permitió al Estado salir de ese listado, fue un logro. Pero hoy, ante los ojos del pueblo guatemalteco, el Ministerio Público y el Congreso han vulnerado una serie de derechos. Lo lógico y consecuente es que Guatemala vuelva a ser incluida”, expresaron.
Finalmente, reiteraron su llamado a la población a mantenerse vigilante, organizada e informada, insistiendo en que los abusos de poder y la falta de justicia no pasarán desapercibidos. “El pueblo está observando. Si no escuchan nuestras demandas, volveremos a levantar la voz”, advirtieron.
