La exmagistrada Vitalina Orellana, incluida en la lista de actores corruptos de Estados Unidos, regresa al poder judicial como jueza de ejecución penal de femicidio. Su nombramiento fue respaldado por el denominado “grupo de los ocho”.
Por Alexander Valdéz
La exmagistrada Vitalina Orellana, quien ocupó la magistratura durante nueve años y enfrenta una sanción internacional por presunta corrupción, fue designada como jueza del Juzgado de Ejecución Penal de Delitos de Femicidio. El nombramiento contó con el respaldo del presidente de la Cámara Penal, Gustavo Adolfo Morales Duarte, quien impulsó su regreso a la carrera judicial.
Según el acta 15-2025 del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la que tuvo acceso Prensa Comunitaria, la designación que constituye una “plaza nueva”, fue aprobada el pasado 3 de abril con los votos de Morales Duarte y otros siete magistrados. Ese mismo día se aprobaron 108 movimientos de jueces en distintas judicaturas, en una sesión donde se hicieron evidentes los desacuerdos de los magistrados Flor de María Gálvez, René Girón y Estuardo Cárdenas con varias decisiones de sus otros colegas.
El nombramiento de Orellana refleja la influencia del llamado “grupo de los ocho”, un bloque cohesionado dentro de la CSJ integrado por Gustavo Adolfo Morales Duarte, Luis Mauricio Corado Campos, Jenny Noemy Alvarado Tení, Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, Igmaín Galicia Pimentel, Clemen Vanessa Juárez Midence, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda y Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado. Este grupo ha tomado decisiones alineadas sistemáticamente en los casos más relevantes.
“Concurso CCJ – ciento tres – dos mil veinticuatro (CCJ-103-2024): Se aprueba el nombramiento de la abogada Vitalina Orellana y Orellana, para el cargo de Juez de Primera Instancia del Juzgado Pluripersonal de Ejecución Penal de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual, con sede en el departamento de Guatemala, “Juez B”, plaza nueva. El presente nombramiento que constituye reingreso a la Carrera Judicial es de carácter definitivo. IX. Concurso CCJ – ciento diecinueve – dos mil veinticuatro (CCJ-119-2024)”, indica el oficio.
Ese puesto le permitirá a Orellana contar nuevamente con derecho de antejuicio, es decir, no podría ser investigada.
La mano derecha de Silvia Valdés
La exmagistrada Vitalina Orellana mantuvo una estrecha relación con Silvia Valdés, expresidenta del Organismo Judicial (OJ), quien durante su gestión la designó como su representante ante el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ). Ambas figuraron en 2020 en una lista de funcionarios judiciales señalados de reunirse con el empresario Gustavo Alejos, vinculado a casos de corrupción, para influir en la elección de magistrados.
Orellana y otros magistrados debían dejar sus cargos en 2020, pero la elección de sus reemplazos se vio entorpecida por el Congreso, controlado entonces por aliados del expresidente Alejandro Giammattei, lo que les permitió permanecer en el puesto cuatro años más. Esta prolongación fue ampliamente cuestionada por organizaciones de justicia y transparencia.
Entre las acciones más controversiales de su periodo destaca el caso de noviembre de 2021, cuando la jueza Erika Aifán (entonces titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”) presentó una recusación contra Orellana y Valdés. Aifán argumentó que ambas magistradas no podían ser imparciales en el proceso que buscaba retirarle su inmunidad.
Además, durante su gestión se autorizaron investigaciones contra jueces como Carlos Ruano, Pablo Xitumul, Miguel Ángel Gálvez y la propia Aifán, quienes posteriormente se vieron obligados a exiliarse ante la criminalización de su labor.
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Otro movimiento
Entre los movimientos está el del juez suplente Erick García, quien había estado asignado en el Juzgado Segundo Penal y su labor fue relevante porque evitó, aunque por poco tiempo, el encarcelamiento de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el fundador de elPeriódico Jose Rubén Zamora.
García fue retirado de dicho juzgado y enviado a uno con jurisdicción en el Departamento de Escuintla. En su lugar, el juez Maximino Morales González fue trasladado de Zacapa a la capital. De Morales se sabe poco, aunque fue cuestionado por haber modificado delitos a los implicados en el femicidio de Melissa Palacios.
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