Human Rights Watch denunció la detención arbitraria de líderes indígenas de Totonicapán y pidió a la UE ampliar sanciones contra funcionarios guatemaltecos. La organización acusa al Ministerio Público de usar falsamente el delito de terrorismo para perseguir opositores, un patrón que compara con Venezuela y Nicaragua.
Por Alexander Valdéz
La organización internacional Human Rights Watch condenó la detención de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, pertenecientes a los 48 Cantones de Totonicapán (2023), y solicitó a la Unión Europea (UE) que analice la viabilidad de ampliar las sanciones contra otros funcionarios guatemaltecos involucrados en violaciones de derechos humanos y en el debilitamiento del Estado de derecho.
Según la organización, el Ministerio Público de Consuelo Porras utiliza de manera indebida el delito de terrorismo para perseguir a críticos, replicando patrones de abuso observados en otros países de la región, como Venezuela y Nicaragua.
Además, Human Rights Watch instó a funcionarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Estados Unidos, gobiernos de América Latina y Canadá a monitorear el patrón de persecuciones políticas y abusivas de quienes dirigen el MP que ya enfrenta sanciones en varios países.
“Las misiones diplomáticas deberían monitorear de cerca el proceso judicial contra Pacheco y Chaclán y solicitar acceso a las audiencias. Los gobiernos extranjeros también deberían brindar apoyo financiero a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que documentan abusos. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, que han impuesto sanciones contra la fiscal general Porras y otros funcionarios, deberían mantener y considerar ampliar estas sanciones a otros funcionarios que tengan responsabilidad en violaciones de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de derecho”, señalaron.
La organización internacional, en su pronunciamiento oficial, alertó que los delitos imputados a Pacheco y Chaclán forman parte de una estrategia liderada por la fiscal general Consuelo Porras para impulsar procesos penales “abusivos” contra fiscales, jueces independientes, periodistas y funcionarios de la administración del presidente Bernardo Arévalo.
Asimismo, el organismo cuestionó la decisión de la jueza Carol Patricia Flores de decretar prisión preventiva para ambos implicados y mantener el expediente bajo reserva judicial, lo que impidió el acceso público a las audiencias.
“Conforme la ley guatemalteca, el delito de terrorismo tiene una definición excesivamente amplia, lo que abre la puerta a abusos. Su alcance incluye a cualquiera que “ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura” con “la finalidad de alterar el orden constitucional” o “el orden público del Estado”, entre otros objetivos. Este delito se castiga con penas de hasta 30 años de prisión”, señala.
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Actualmente Porras, el juez Fredy Orellana y otros funcionarios del Ministerio Público enfrentan sanciones internacionales por corrupción en Estados Unidos, Canadá y Europa.
suelo Porras niega criminalización
Un día después del pronunciamiento de Arévalo y autoridades ancestrales del país, quienes reiteraron la solicitud de renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el rechazo a la criminalización de los movimientos sociales, la funcionaria celebró una conferencia de prensa en la que reaccionó a esas manifestaciones.
Porras negó “criminalizar” y aseguró que únicamente investiga hechos que se basan en hechos y pruebas legales. Según ella, la institucionalidad del ente investigador no puede someterse a presiones de ningún sector; ni del poder político ni grupos particulares.
“El mensaje es categórico y contundente, quien infrinja la ley, quien cometa delitos y afecte a la población, no quedará impune. Se trate de quien se trate. El MP seguirá haciendo su trabajo con determinación, transparencia y apego a derecho”, dijo.
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Dos autoridades indígenas encarceladas
El jueves pasado, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, fueron capturadas y señaladas de terrorismo por haber encabezado las manifestaciones pacíficas del 2023, en las que se pidió la renuncia de Porras y se evitó el golpe de Estado.
La movilización social se inició el 2 de octubre de 2023, cuando varias autoridades indígenas en representación de sus pueblos se declararon en “Paro Nacional Indefinido”, tomando vías de tránsito y cerrando comercios a nivel nacional, en protesta ante la permanencia en el cargo de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, “quienes con sus acciones arbitrarias están atentando en contra de la democracia y autonomía de nuestro pueblo y orden constitucional”.
Por esa manifestación pacífica, Pacheco y Chaclán fueron sindicados de los delitos de sedición, asociación ilícita, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción de justicia.
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