La exdiputada y a su pareja, Fernando Siliézar, se les acusaba de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. La decisión cierra el caso por desvío de fondos en obras públicas de la municipalidad de Chicamán, Quiché, donde solo la madre de la exlegisladora fue condenada a cuatro años de prisión.
Por Alexander Valdéz
El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango absolvió a la exdiputada Emilenne Mazariegos y a su pareja, Fernando José Siliézar Mena, de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. La decisión se dio en el marco de la investigación por la sustracción irregular de fondos en obras adjudicadas en el municipio de Chicamán, Quiché.
En el mismo proceso, la única condenada fue Ana Patricia Mazariegos Sánchez, madre de la exdiputada, a quien se le impuso una pena mínima de cuatro años de prisión, conmutables, por el delito de estafa propia. A diferencia de su hija y su pareja, en este caso si se acreditó su participación en los hechos de corrupción.
Tribunal absuelve a la exdiputada Emilenne Mazariegos en caso de corrupción 😳⚖️
La exdiputada fue acusada de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita. Sin embargo, el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango resolvió que no participó en la supuesta sustracción… pic.twitter.com/cJtjKzZV0d
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) April 4, 2025
Entre los acusados en esta investigación también figuró Sergio Enríquez Gárzaro, hijo del pastor evangélico Sergio Enríquez y actual diputado del Congreso de la República por el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Aunque inicialmente estuvo vinculado al caso por presunto fraude, fue absuelto de todos los cargos.
Según la pesquisa presentada en 2018, alrededor de Q14 millones fueron pagados para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos en perjuicio del municipio de Chicamán. Los fondos provenientes de esa municipalidad fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos la exdiputada Mazariegos, su madre Patricia Mazariegos, su pareja Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán.
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En 2023, Mazariegos retomó su carrera política y se postuló como candidata a diputada por el Partido Popular Guatemalteco (Popular) de Neto Bran, alcalde de Mixco.
Un proceso en impunidad
La investigación de la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenció que el exalcalde Roberto Candelario Gamarro se concertó con el resto de la red para darle apariencia de legalidad a varios proyectos, cuya ejecución fue convenida con una oenegé que no cumplía con las regulaciones establecidas en la ley, ni contaba con la capacidad técnica para la ejecución de los mismos.
“Se demostró que alrededor de Q14 millones fueron pagados para la realización de varios proyectos que quedaron inconclusos en perjuicio de la comunidad de Chicamán. Los fondos provenientes de la municipalidad de Chicamán fueron destinados para beneficio de integrantes de la estructura criminal, entre ellos Emilenne Mazariegos, su progenitora Patricia Mazariegos, su conviviente José Fernando Siliézar Mena, y familiares del exalcalde de Chicamán, Roberto Candelario Gamarro, entre otros”, indicó el MP.
¿Cómo ocurrió el fraude? Se estableció que en 2012 la municipalidad de Chicamán adquirió dos préstamos que sumaron Q21 millones que servirían para diversos proyectos de mejoramiento y para ello contrató a la oenegé Asociación Pro Desarrollo Nacional (APRODEN), cuya representante era Ana Patricia Mazariegos, mamá de la exdiputada.
Esta empresa adjudicó las obras a las empresas FHERCONS y Diseño y Construcción Ramírez. En auditorías de la Contraloría General de Cuentas se detectó que en total por las obras se ejecutaron Q16,515,658.66 y del restante, Q2,652,380.03 no fueron ejecutados y habrían ido a las cuentas de los miembros de la estructura. La Junta de Recepción de Obras de APRODEN estaba constituida por un hermano, sobrino y un vecino de la mamá de la exdiputada Mazariegos.
Este caso se suma a otros expedientes en los que se ha dictado fallos a favor de los acusados de corrupción.
