Autoridades indígenas y ancestrales de diversos territorios manifestaron su oposición ante la decisión del gobierno de Bernardo Arévalo de implementar un seguro obligatorio a propietarios de vehículos por considerar que afecta la economía de las personas y pidieron un diálogo.
En tanto en Petén, Alta Verapaz, Suchitepéquez, Escuintla, Quetzaltenango y Sololá se reportaron cierres de carreteras por grupos que solicitaron la derogación del acuerdo.
Ante la presión y manifestaciones violentas en la ciudad capital, el gobierno dio marcha atrás al reglamento.
Por Prensa Comunitaria
El presidente Bernardo Arévalo anunció la noche del jueves que suspendía la entrada en vigencia de los acuerdos gubernativos No. 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025 que obligaban a los conductores a adquirir un seguro para daños a terceros.
Previo al anuncio, las autoridades indígenas y ancestrales de Iximulew, la Alcaldía Indígena de Nebaj, la Municipalidad Indígena de Sololá y los 48 Cantones, entre otras, se pronunciaron ante la decisión del gobierno de que se implemente el seguro obligatorio para todas las personas que posean un vehículo y pidieron dar marcha atrás a ese reglamento.
Durante los últimos dos días, en departamentos como Petén, Alta Verapaz, Suchitepéquez, Escuintla, Quetzaltenango, Sololá, Totonicapán y la ciudad capital se registraron tomas y protestas contra los acuerdos gubernativos No. 46-2025, 47-2025, 48-2025 y 49-2025 que obliga a los conductores a adquirir un seguro para daños a terceros.
Antes de conocerse la decisión de Arévalo, la Alcaldía Indígena de Nebaj dirigió una carta abierta al presidente en la que le solicitaron que ordene la suspensión de la entrada en vigencia e implementación de dicho reglamento y convoque a las autoridades indígenas y sectores interesados para que se ventilen mecanismos para garantizar los derechos de la población.
Las autoridades indígenas y ancestrales coincidieron que el reglamento solo impone una carga económica a la clase trabajadora y pueblos indígenas en tanto beneficia al sector financiero que brinda el servicio de seguros.
La Municipalidad Indígena de Sololá se pronunció en un comunicado indicando que son conscientes de la situación económica del país, en especial de las 84 comunidades K’iche’ y Kaqchikel del municipio de Sololá y que por ello estaban en contra de dicho seguro para vehículos particulares, más no para vehículos de transporte público y transportes de carga.
Desde el 18 de marzo, se reportó una jornada de protestas en diversos sectores por parte de transportistas lo cual afectó la movilidad de varios guatemaltecos. En Quetzaltenango hubo una toma en el sector conocido como Las Palmas, Coatepeque.
En la ruta interamericana, en el kilómetro 157 en jurisdicción de Nahualá, Sololá un grupo de transportistas cerró la ruta hacia la capital y occidente del país.
En Sayaxché, Petén, también se reportó una manifestación el 18 de marzo, en la Ruta Nacional Petén (PET-11) donde los pobladores tomaron el paso sobre el río La Pasión, en el ferry boat, en la aldea El Rancho y El Subín, por la ruta de Flores, Petén, así como la ruta hacia las Verapaces, en Tierra Linda, en la aldea Las Pozas y en el cruce El Pato.
En tanto, el jueves 19 de marzo, se registró una protesta en las Verapaces, donde mototaxistas de la aldea Chiquibul y otros transportes cerraron la Franja Transversal del Norte (FTN) por el puente Icbolay, en San José Icbolay, ruta de Ixcán a Chisec y Cobán.
Manifestaciones similares se registraron en 32 puntos del país por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial).
Denuncian que grupos aprovechan inconformidad ciudadana
Por aparte, las autoridades ancestrales de Iximulew explicaron que, aprovechando el descontento de la población, “el pacto de corruptos” busca “la oportunidad para desestabilizar el país por lo que nos solidarizamos y respaldamos al gobierno de Bernardo Arévalo y Karin Herrera ante la arremetida del pacto de corruptos que reavivan sus intenciones de Golpe de Estado”.
La Alcaldía Indígena de Nebaj señaló que la inconformidad ciudadana fue aprovechada por grupos para desorientar a la población y desestabilizar la gobernabilidad del país.
Parte de las exigencias de las autoridades indígenas también fue el mejoramiento de la red vial para minimizar los accidentes y aplicar las leyes vigentes en materia de transporte en nuestro país.
En Quiché, las autoridades comunitarias de Chichicastenango manifestaron que de continuar la implementación del seguro, los principales beneficiados serían los sectores empresariales y bancarios ya que la medida no responde a las necesidades de la población que vive en condiciones de pobreza.
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