Créditos: Carlos Vera, ECLAC
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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cerró definitivamente el caso de corrupción del Transurbano contra exministros del gobierno del fallecido expresidente Álvaro Colom, tras no apelar el sobreseimiento. Sin embargo, mantiene vigente la orden de captura contra el exfuncionarioC

Por Prensa Comunitaria

En diciembre de 2024, el fiscal Rafael Curruchiche publicó un video en redes sociales y confirmó que no apelaría la resolución que libró de juicio a exministros vinculados al caso de corrupción conocido como Transurbano. Además, anunció acciones legales contra el fiscal que lideró la investigación en la “antigua FECI” y contra el exjefe de la extinta Comisión Contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez.

Con esta decisión, Curruchiche respaldó el fallo del Juzgado Segundo Penal y desistió de continuar con el proceso judicial a través de la impugnación de la resolución que favoreció a los exfuncionarios acusados de presuntos actos de corrupción.

Sin embargo, ayer, la Corte de Constitucionalidad (CC) conoció y rechazó una apelación presentada por el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, contra quién la FECI continúa la persecución penal y le mantiene vigente una orden de captura por dos delitos en ese mismo expediente judicial.

Fuentes Knight sigue peleando legalmente para reactivar un amparo que promovió contra el Juzgado Segundo Penal, que a solicitud del fiscal Rafael Curruchiche, ordenó la rebeldía y giró una orden de captura contra él, quien actualmente está fuera del país.

El exministro es considerado uno de los fundadores del Movimiento Semilla. Salió de Guatemala en 2023 y anunció su exilio debido a lo que llamó “persecución política” que asegura vive el partido de cara a las elecciones de ese año.

De esa cuenta, el exfuncionario del gobierno del fallecido expresidente Álvaro Colom reclamó la resolución de 30 de octubre de 2024, cuando el juzgado le rechazó, sin entrar a conocer, una petición legal contra la decisión de revocar su arresto domiciliario, la rebeldía y la orden de aprehensión.

“No respetó su derecho de audiencia, a efecto de que su defensa técnica hiciera valer sus argumentos ante la decisión arbitraria en la que se decretó su rebeldía e inmediata orden de aprehensión en una audiencia unilateral; no realizó la notificación de la nueva audiencia fijada, que se desarrolló el 28 de octubre de 2024; iii) omitió que nadie puede ser juzgado en un proceso penal sin presencia de su abogado”, argumenta la defensa.

Por su lado, la Corte de Constitucionalidad determinó que el amparo no era la acción que correspondía y por esa razón avaló la decisión de suspender la petición que hizo el exministro.

“Analizadas las actuaciones y conforme lo reseñado, esta Corte encuentra que la doctrina legal anteriormente citada no es aplicable al caso concreto, pues aunque cumple con el primer supuesto para impugnar mediante reposición la audiencia de revocatoria de medidas cautelares, debido a que se realizó de manera unilateral, sin previa notificación al abogado defensor del sindicado, lo resuelto en esa diligencia de conformidad con el artículo 404 numeral 9 de la ley adjetiva penal la hacen susceptible del recurso de apelación [la cual consta que fue oportunamente interpuesta], motivo por el cual la presente acción constitucional de amparo es inviable”, se lee en la resolución.

MP no continúo el caso

El pasado 18 de diciembre, el juez segundo penal, Mario Hichos, cerró la investigación a favor de nueve exministros del gobierno del fallecido expresidente Álvaro Colom, vinculados a la investigación por el fraude millonario en la implementación del servicio de transporte público conocido como Transurbano.

Los exministros beneficiados en la resolución: Salvador Gándara Gaitán, de Gobernación; Ana Francisca del Rosario Ordóñez Meda, de Educación; Abraham Valenzuela González, de la Defensa Nacional; Edgar Alfredo Rodríguez, de Trabajo y Previsión Social; Óscar Erasmo Velásquez Rivera, de Economía; Celso David Cerezo Mulet, de Salud; Gerónimo Lancerio Chingo, de Cultura y Deportes.

En ese caso también han sido beneficiados los políticos Manuel Baldizón, Gustavo Alejos y Alejandro Sinibaldi, quienes estuvieron señalados en la investigación por corrupción durante el gobierno de Colom.

La investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señala que durante la gestión de Colom (2008-2012) se defraudó al Estado al otorgar de manera ilegal y sin ningún aval 270 millones de quetzales a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) para implantar un sistema prepago en el Transurbano.

Según la fiscalía, la asociación “no tenía los recursos ni para comprar los autobuses”. En ese sentido, se indicó que se realizaron actividades paralelas para ser los beneficiarios de los fondos.

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