Durante el 192 periodo de sesiones de la CIDH se señalaron los patrones y mecanismos de cómo en el sector justicia se desmantela fiscalías, juzgados, tribunales y salas de Apelaciones que investigan y juzgan casos de justicia transicional.
Por Simón Antonio Ramón
Familiares de víctimas de la guerra y organizaciones que acompañan los casos judiciales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el desmantelamiento de instancias de investigación y juzgamiento de casos de violaciones de derechos humanos desde el Ministerio Público (MP) y el Organismo Judicial (OJ).
Durante la sesión virtual Impunidad y obstáculos para la búsqueda de memoria, verdad y justicia en Guatemala del 192 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la abogada Jovita Tzul habló de los patrones del retroceso en casos de justicia transicional.
Tzul citó el desmantelamiento en la Unidad Fiscal de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCAI), de la Fiscalía de Derechos Humanos; del sistema de tribunales de Mayor Riesgo; y la remoción y traslado de fiscales y jueces, que ha provocado criminalización y exilio.
En noviembre de 2024, se destituyó al fiscal Erick De León, que durante varios años fungió como coordinador de la UCAI, semanas después fueron trasladados por lo menos 11 fiscales de esa unidad y a inicios de diciembre se destituyó al fiscal Tomás Ramírez López y a Cándida Morales, quienes tenían a su cargo la investigación y litigio del caso por genocidio en contra del general Benedicto Lucas García.
“Remover personas con conocimiento, experiencia y conocimiento de la complejidad de estos casos solo puede tener como objetivo obstaculizar las investigaciones y los litigios”, dijo la abogada.
“El debilitamiento no solo se evidencia con las destituciones de fiscales sino también con el nombramiento de personas no idóneas y reconocidas por su compromiso con la impunidad, el nuevo fiscal de derechos humanos Noé Nehemías Rivera Vásquez, fue incluido en la Lista Engel como un actor corrupto y antidemocrático”, añadió.
Otra forma de desmantelamiento de instituciones que juzgan casos de justicia transicional, citada por Tzul, es el desmantelamiento de juzgados, tribunales y salas de apelaciones de Mayor Riesgo, que provocaron la renuncia y exilio del Miguel Ángel Gálvez, y de Erika Aifán, por citar dos casos.
Este proceso de desmantelamiento se observó en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) con la destitución de Juan Francisco Sandoval. “Lo que genera preocupación que se profundice la criminalización en contra de las personas que han tenido participación en la justicia transicional, incluidos querellantes y equipos legales”, dijo.
El efecto de las nuevas Cortes
En la intervención de la exfiscal general Claudia Paz, como representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), señaló el acelerado desmantelamiento del sistema de justicia a partir de la renovación de cortes, en octubre de 2024.
Mencionó casos emblemáticos como el del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Creompaz) y el de genocidio contra el pueblo Ixil. En ambos procesos está acusado Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército.
“Las salas de Mayor Riesgo que tienen bajo su responsabilidad casos de alto impacto de justicia transicional siguen actuando para garantizar la impunidad y avalando la negligencia del Estado para garantizar la no repetición de los hechos ocurridos durante el conflicto armado principalmente en el involucramiento de fuerzas de seguridad”, señaló la exfiscal.
La injerencia de organizaciones militares
En representación del Estado guatemalteco participó Yolanda Ruiz, directora de la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos de Guatemala (Copadeh); Miguel Ávila, secretario contra la Corrupción y Noé Rivera, fiscal de Derechos Humanos, del Ministerio Público; y Luis Oscar Díaz Samayoa, subdirector de la División Técnico Profesional del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Miguel Ávila, rechazó los señalamientos y dijo que Guatemala se está sanando de la injerencia internacional y de división de la población.
Mientras que Rivera, Rechazó con un tono confrontativo la alusión a su inclusión en la Lista Engel de Estados Unidos.
En el caso del IDPP, su representante rechazó los señalamientos de tener vínculos con organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo, y dijo que la comunicación con esas asociaciones se debió al no contar con experiencia para defender a los militares de alto rango que les solicitaron defensa penal.
