Melvin Giovanni Portillo Arévalo fue contratado como nuevo secretario de Política Criminal, un abogado que defendió a Pablo Mauricio Yánez Guerra, señalado de recibir sobornos millonarios de Odebrecht para Manuel Baldizón.
Por Alexander Valdéz
El pasado lunes se anunciaron distintos movimientos al interior del Ministerio Público (MP), una práctica constante desde que Consuelo Porras llegó a la institución. Uno de los cambios fue el del secretario de Política Criminal, un cargo clave porque desde allí se define la estrategia para perseguir los distintos delitos que se cometen en el país y las salidas para un proceso penal.
El cargo lo ocupará Melvin Giovanni Portillo Arévalo, un abogado que defendió a Pablo Mauricio Yánez Guerra, hermano del fallecido exdiputado Mario Yánez Guerra, antiguo socio de Manuel Baldizón. Ambos estuvieron señalados de recibir sobornos millonarios de Odebrecht. Además, Portillo Arévalo cuenta con otros vínculos políticos, como haber sido asesor de los extintos partidos FCN-Nación y Unión del Cambio Nacional (UCN) de Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
El ahora secretario del MP mientras defendía al acusado en el caso Odebrecht:
Sin embargo, el sospechoso contrató a Melvin Portillo Arévalo como su abogado defensor. @PublinewsGT pic.twitter.com/uxyxVsKPk6
— Jerson Ramos (@JRamos_PN) June 11, 2019
El nombramiento fue celebrado por la Coalición Gremial, una plataforma que también está integrada por Avanza, que juntas compitieron en la Planilla 1 y buscaban ocupar la Junta Directiva y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. En esa coalición estaban participando fiscales del Ministerio Público y era respaldada por personajes como Porras, Rafael Curruchiche, Ángel Pineda, entre otros.
En sus plataformas de redes sociales hicieron el anuncio, sin que oficialmente el MP haya informado al respecto.” ¡Felicidades Doctor Portillo! Que sean muchos éxitos más. Coalición Gremial”, escribieron en Facebook.
Prensa Comunitaria consultó a la unidad de atención a la prensa del Ministerio Público, pero al cierre de esta nota no respondieron.
¿Quién es Portillo Arévalo?
El nuevo encargado de definir la política criminal de la Fiscalía ha participado en distintas elecciones, como la de Procurador de los Derechos Humanos (PDH), en donde estuvo en la última terna que fue votada por el Congreso. Era uno de los favoritos, junto con Alejandro Córdova. Además, participó en la última elección de magistrados de la Sala y Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin lograr los votos necesarios.
Además de asesorar a políticos, ha buscado ocupar una curul en el Organismo Legislativo. En 2011, participó como candidato a diputado por Petén con la alianza entre UNE y GANA, según los registros electorales.
Datos del Movimiento Pro Justicia señalan que trabajó como asesor jurídico de la Municipalidad de Dolores, Petén, desde 2004. Además, fue gerente general y propietario de un bufete jurídico desde el cual ejerce la profesión liberal. También se desempeña como docente a nivel de posgrado y doctorado en la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Otro cargo que ha ocupado es el de asistente legal en la Municipalidad de San Francisco, Petén. Laboró al lado del alcalde Marvin Rolando Cruz Guzmán, a quien el MP solicitó retirarle el antejuicio en 2016 para investigarlo por lavado de dinero.
La organización también expone que, en la tesis de Portillo Arévalo, incluyó en sus agradecimientos a Manuel Antonio Baldizón Méndez como su profesor. Es fundador de la Asociación de Juristas en Defensa de la Nación (Jurnac), que presentó denuncias contra la exfiscal Thelma Aldana y el excomisionado Iván Velásquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Desarticulación del MP
Desde que Porras asumió el cargo, expertos consideran que el Ministerio Público ha experimentado un proceso acelerado de desarticulación. Pasó de ser la entidad insignia en el combate de la corrupción y casos de impunidad a convertirse en una institución altamente cuestionada, enfrentando sanciones internacionales de Estados Unidos, Canadá y países de la Unión Europea.
Las destituciones y traslados no se limitaron únicamente a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuyo personal capacitado para investigar casos de gran corrupción, fue despedido, trasladado o incluso capturado. Muchos de ellos permanecen exiliados en distintos países.
En otras fiscalías también se ha despedido a personal de carrera. En algunos casos, se han presentado demandas laborales que han obligado a la reinstalación de trabajadores despedidos sin agotar el procedimiento administrativo correspondiente.
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