La jueza Abelina Cruz debe informar sobre el estado del proceso contra Alejandro Sinibaldi, Carlos Arturo Batres Gil y otros dos exdiputados del desaparecido Partido Patriota que figuran como principales beneficiarios de los sobornos de la empresa brasileña.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) le pidió al Juzgado de Mayor Riesgo “D”, a cargo de la jueza Abelina Cruz, información sobre el estado del proceso contra el exministro Alejandro Sinibaldi, Carlos Arturo Batres Gil y los exdiputados Emilenne Mazariegos y Edgar Cristiani.
Esa acción corresponde a un “auto para mejor fallar” por una acción legal promovida por el Ministerio Público (MP) dentro del expediente iniciado por el caso de corrupción conocido como Odebrecht. En el que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), de Juan Francisco Sandoval, vinculó a un grupo de exfuncionarios del Partido Patriota con millonarios sobornos.
“Para mejor fallar y dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la notificación de la presente resolución, que el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, con Competencia para Conocer Procesos de Mayor Riesgo, Grupo “D”, informe a esta Corte el estado actual del proceso que se tramita contra Carlos Arturo Batres Gil, Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, Emilennee Mazariegos y Edgar Romeo Cristiani Calderón, en el expediente 01073-2016-00359, a su cargo; y remita a esta Corte copia simple o certificada, en formato impreso o digital –en archivo “PDF” contenido en disco compacto– de la totalidad de las actuaciones que obren en la citada carpeta judicial”, indica el fallo de la CC.
Por ahora, se desconoce el fondo de lo que se discute en la CC. Sin embargo, su decisión podría tener relevancia para ese proceso por corrupción, en el que Sinibaldi y otras personas han sido favorecidas por la jueza Cruz, quedando desligadas de la investigación.
El caso sin esclarecer
La investigación por corrupción de Odebrecht es una de las más grandes tramas de redes de corrupción de Latinoamérica en los últimos años, llegó a alcanzar a presidentes, vicepresidentes y demás funcionarios de gobierno de al menos 12 países.
Odebrecht es una empresa constructora originaria de Brasil, señalada por sobornar en Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales. Según la FECI y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una presunta estructura criminal liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, del gobierno de Otto Pérez Molina, gestionaba cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas. Estos cobros, según la investigación, consistían en porcentajes que iban desde el 5 al 15%. Una de las entidades que tenía contratos con el Ministerio de Comunicaciones era la constructora Norberto Odebrecht S.A.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) realizó un examen especial de auditoría a los aspectos financieros, de cumplimiento y gestión, al contrato adjudicado a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, S.A., estableciendo la posible comisión de ilícitos, por lo que se presentó la denuncia en la FECI.
Curruchiche anticipa acciones
El proceso Odebrecht nuevamente se intenta discutir en la opinión pública por un anuncio que hizo el fiscal Rafael Curruchiche, con sanciones internacionales por corrupción, quien anticipó acciones sobre esos hechos de corrupción y cuyo caso desde su llegada no tuvo avances.
El pasado 22 de febrero a través de la red X, Curruchiche, difundió un video en el cual se comprometió a revelar “con carácter y determinación la verdad” sobre el caso Odebrecht. “¿Sabía usted qué es Odebrecht y por qué es importante para Guatemala?”, expresó.
Actualmente, el exministro Sinibaldi y otras personas, que habrían tenido un rol más alto en la supuesta estructura criminal, gozan de libertad. De hecho, el 24 de abril de 2024, la jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz, decretó el cierre del proceso penal a favor del exministro, mismo caso por el que ahora se confirmó la condena contra su excolaborador. También fue beneficiado Manuel Baldizón.
El caso está paralizado y recientemente se anularon los acuerdos de colaboración eficaz firmados en ese proceso penal. Y mientras los acusados han sido beneficiados, la fiscalía emprendió una persecución contra los fiscales y la jueza que inició la pesquisa.
