Por Juan Francisco Sandoval
Al analizar el trabajo de las comisiones de postulación para la elección de altas cortes, para el período 2024-2029, quedó la impresión que realizaron un trabajo aceptable al haber descartado perfiles que tenían sanciones internacionales.
Esto pareciera ser una actitud conformista, porque en todo caso, ello no implicó una difícil tarea, porque además del sustento de las sanciones internacionales, la gran mayoría de esos perfiles tenía la carga del rechazo popular.
Como se analizó en una entrega anterior, el 61% de los aspirantes para la Corte Suprema de Justicia tenían algún nivel de compromiso para el proceso de selección anterior, es decir 16 de los 26 aspirantes. Este cuestionamiento, debe sumarse a los perfiles de otros aspirantes, como el caso de Dimas Jiménez.
En el caso de la elección de magistrados para la Corte de Apelaciones, la selección de 312 nombres de un total de 1,244 aspirantes, constituyó una tarea exigente en cuanto al volumen, y como fue manifestado en una publicación precedente, carente del rigor que exige el estándar nacional e internacional para integrar altas cortes.
No se puede desestimar la dispendiosa tarea de soslayar embates de las fuerzas paralelas que se han apropiado del proceso de selección, que permitió una pequeña deleita para la independencia judicial al dejar fuera a malogrados perfiles como el de los fiscales Rafael Curruchiche, Leonor Morales Lazo y Cinthia Monterrosos, o de los jueces Mynor Moto, Jimmi Bremmer y Víctor Cruz.
Los seis nombres enumerados, corresponden a funcionarios judiciales que se han aprestado a la persecución ilegítima de investigadores anticorrupción, defensores de derechos humanos, periodistas independientes y de políticos opositores.
A pesar del aroma dulce que dejaron algunas pruebas superadas, no debe desestimarse las amenazas, que por vía de redes sociales, ha lanzado el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), o las solicitudes de información que a cuentagotas se empiezan a mostrar públicamente, dirigidas en contra de ciudadanos que ejercieron función pública (comisionados) y los electores (en este caso diputados del Congreso de la República).
Eso se suma a los malogrados amparos, a los que la Corte de Constitucionalidad (más por presión popular y de sanciones que por convicción) pusieron fin, así como las disputas en el Congreso de la República, que van más allá de la negociación por las cortes, porque existe una competencia férrea por la nueva junta directiva del Congreso de la República, la posición del Movimiento Semilla en el Congreso y otras luchas que merecen un espacio adicional.
No se debe desmerecer la labor que han jugado ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades de pueblos originarios, observatorios internacionales (tanto de organizaciones no gubernamentales como de la Organización de Estados Americanos), que siguen de cerca el proceso y realizando una intensa labor de auditoría al proceso.
Pero no debe pasar desapercibido para el Congreso de la República que 120 de 312 aspirantes en el actual proceso, corresponden a grupos de interés sectario negociados al margen del procedimiento en el año 2020.
Esto representa casi el 39% de los perfiles de aspirantes, lo que significa que la aspiración de depuración del sector justicia más que titánica parece aun lejana. En esa vía, los diputados al Congreso de la República deben tener en cuenta estos antecedentes:
Los nombres “negociados” en 2020
La Corte Suprema de Justicia, presidida por Silvia Valdés, ya había negociado la admisión de los siguientes perfiles:
Wilber Estuardo Castellanos Venegas, uno de los articuladores de las ilegalidades que dejó al descubierto el caso Comisiones Paralelas 2020, había negociado la incorporación de los siguientes perfiles:
Los decanos de las universidades que no estaban procurando la transparencia del proceso anterior, habían negociado la incorporación de:
En el caso del exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, tenía incluidos en su lista:
Para la lista de Juan José Bolaños Mejía, quien además es actualmente candidato a magistrado de Sala de Apelaciones, había incluido a:
Bolaños Mejía trabajaba para Estuardo Gálvez, pero se le permitió hacer sus propias propuestas.
Jenniffer Candelaria Dell´Acqua Lima, quien representaba los intereses de su esposo Saúl Zenteno Téllez, líder gremial del suroccidente y abogado de Manuel Baldizón, había incluido los siguientes perfiles:
Luis Fernando Ruiz Ramírez, quien para la fecha fungía como presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados, tenía incluidos en su lista a:
Esteban Mollinedo, señalado en la manipulación de elección a cortes 2020, y sus intereses vertidos en Olga Del Rosario Alfaro Pineda, incluyó en el listado a:
En aquel tiempo, aparecían apadrinados por quien fungía como rector de la Universidad de San Carlos (Murphy Olimpo Paiz Recinos), los siguientes:
Henry Giovanni Dubón Ruano, había comprometido en su listado a:
Entre los nombres comprometidos y propuestos por Juan Salvador Soto Hernández (quien trabajaba para el efecto junto con Dennis Billy Herrera Arita), estaban:
Armando Ismael Ajín Pérez, quien era abogado de Gustavo Alejos y ahora es comisionado de postulación, en el anterior proceso logró incluir los siguientes nombres:
La agrupación gremial “Dignificación”, fue formado por Néster Vásquez y Héctor Hugo Pérez Aguilera había incluido para aquel proceso a:
La Universidad Rural pudo incluir dos perfiles:
En las negociaciones había un apartado, denominado “Bolsón”, en el que habían incluido algunos aspirantes propuestos por los comisionados que habían aportado menor número de nombres y que existiría la posibilidad que pasaran a la nómina final:
Por estas anomalías fueron procesados ocho comisionados en la primera fase del proceso Comisiones Paralelas 2020, pues estos listados procedían de la información incautada en el allanamiento efectuado, en febrero de 2020, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en el que fueron localizados estos registros con marcas particulares que establecían qué grupo fáctico proponía a aspirantes de las cortes.
No era casualidad, porque las mismas nóminas fueron ubicadas en la residencia de la entonces comisionada Jennifer del Acqua, quien es esposa de un líder gremial del suroccidente y abogado de Manuel Baldizón, Saúl Zenteno.
Y esa información también fue cotejada con los testimonios que rindieron a la fiscalía el mismo Gustavo Alejos, Olga López Alfaro y Jennifer del Acqua.
Si la tarea de selección la realizan los congresistas a conciencia y con fundamentos en documentos y antecedentes, podrían dar la sorpresa y brindarnos mejores cortes.
