La CC otorgó protección a la jueza suplente Mirna Yarakia Ovando Arias, a quien se le había retirado el antejuicio por estar vinculada al caso conocido como Fugas SP, en el que se evidenció la falsificación de órdenes de libertad. Entre los fugados con esa modalidad está el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yañez Ochoa.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a Mirna Yarakia Ovando Arias, jueza suplente en el Organismo Judicial (OJ), quien está señalada en el caso denominado Fugas del Sistema Penitenciario, presentado por la antigua FECI y CICIG, en 2019. La investigación detectó a una supuesta red criminal que habría colaborado con la fuga de distintos reos, entre ellos, el narcotraficante mexicano Ramón Antonio Yáñez Ochoa.
Ovando Arias fue señalada en ese caso cuando aún era secretaria del Juzgado de Ejecución Penal, que dirigía Coralia Carmina Contreras, también vinculada al caso. Pero, semanas después de la vinculación a ese expediente, fue ascendida y nombrada jueza, obteniendo así inmunidad.
De esa cuenta la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) tuvo que agotar el trámite de antejuicio y, fue hasta el pasado 28 de febrero de este año, que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le retiró la inmunidad y había autorizado que fuera investigada por el delito de cooperación para la evasión.
En el mismo caso, a petición de MP/FECI fueron citadas a primera declaración las secretarias del juzgado de ejecución:
1. Mirna Yarakia Ovando Arias y
2. María Verónica Yacón Contreras— MP de Guatemala (@MPguatemala) February 7, 2020
Sin embargo, ahora la CC analizó una acción legal presentada por la jueza sindicada y decidió restituirle la protección. La señalada alegó que la CSJ se limitó a enlistar los documentos presentados por el MP y los recabados de oficio por la pesquisidora; sin tomar en cuenta, según ella, sus pruebas de descargo.
“No tuvo en cuenta que su obligación, respecto de las órdenes de libertad que estaban bajo su guardia y custodia [en virtud de desempeñar el cargo de secretaria del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal del departamento de Guatemala en el momento que ocurrieron los hechos por los que se promovieron las diligencias de, era la de entregarlas al personal del referido órgano jurisdiccional pues corresponde a los oficiales [en este caso a Víctor Alejandro del Cid Monterroso, según señaló] la labor de completar los formularios de órdenes de libertad y al juez de ejecución le correspondía establecer la legitimidad de la libertad a ordenar”, se lee en el documento.
CC le concede protección provisional
Los magistrados Néster Vásquez, Leyla Lemus, Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto, y Héctor Hugo Pérez, dieron la razón a la señalada, suspendiendo la decisión de la CSJ que le había retiró inmunidad y autorizado hacer la investigación penal.
“I. Otorga el amparo solicitado por Mirna Yarakia Ovando Arias, en calidad de Juez de Paz Suplente, contra la Corte Suprema de Justicia y, como consecuencia: a) restaura a la postulante en la situación jurídica afectada y deja en suspenso, en cuanto a ella, la resolución de veintiocho de febrero de dos mil veinticuatro por medio de la que la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar las diligencias de antejuicio promovidas por el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en su contra”, resolvieron en el amparo 2736-2024.
Ese fallo implica que el MP no continúe con la investigación contra la jueza, quien vuelve a contar con su inmunidad hasta que se dicte la sentencia del amparo.
¿De qué trata el caso?
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad, en 2019, develó una investigación de oficio, relacionada con la evasión del centro de detención de Ramón Antonio Yáñez Ochoa, quien, en 2016, fue condenado por el Tribunal de Sentencia Penal para procesos de Mayor Riesgo “C”, a 24 años de prisión por los delitos de asociaciones delictivas, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito y lavado de dinero y otros activos.
Al haber descubierto la fuga del narcotraficante mexicano, la FECI siguió la investigación y determinó que existían, por lo menos, seis personas más quienes se evadieron del centro de detención utilizando órdenes de libertad falsificadas y que eran avaladas por la autoridad judicial.
Otros antecedentes:
https://www.cicig.org/casos/capturan-a-cuatro-presuntos-narcotraficantes/
Entre los fugados también figuran Luis Alejandro Orozco Vargas, quien cumplía dos condenas, una de 12 años por comercio y almacenamiento, del 5 de marzo de 2013 y la otra por 12 años por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, impuesta el 26 de septiembre de 2013. Ambas condenas estaban firmes. De acuerdo con el cómputo efectuado, a Orozco Vargas le correspondía recobrar su libertad el 17 de mayo de 2032.
Otra jueza señalada
Otra de las juezas señaladas fue Coralia Contreras, ya procesada y actualmente con arresto domiciliario. Contreras está procesada por los delitos de falsedad ideológica y cooperación para la evasión. La jueza suspendida del cargo estuvo prófuga de la justicia durante 11 meses.
Según la FECI, la jueza emitió un oficio dirigido al Sistema Penitenciario (SP) informando que en una resolución de la Corte Suprema de Justicia, se modificó la pena impuesta. La orden de libertad y oficio dirigido al Sistema Penitenciario fueron objeto de peritaje grafotécnico, y se determinó que la firma atribuida a la abogada Contreras Flores, tienen correspondencia grafotécnica con las atribuidas a la juzgadora, y que ella misma aportó en forma voluntaria, apuntó el MP.
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