Lo ocurrido en la Comisión legislativa de Finanzas Públicas y Moneda, el 31 de julio último, solo fue cuestión de trámite. Dar largas al Gobierno del presidente Bernardo Arévalo antes de decirle “no”, a la solicitud de ampliar el Presupuesto de Estado en Q14 mil millones. En la jornada de ese día se presentó un dictamen favorable a la iniciativa de Ley 6403 que contiene la solicitud de ampliación presupuestaria, pero con un monto menor. Sin embargo, 11 de los integrantes de esa sala, votaron en contra del dictamen favorable. No hay vuelta de hoja. Sigue un dictamen desfavorable que debe ser conocido por el pleno de diputados. Aprobarlo y archivar la propuesta o desaprobarlo y que la sala legislativa siga el estudio.
Por Claudia Méndez Villaseñor
Dos meses atrás representantes del presidente Bernardo Arévalo entregaron a la Dirección Legislativa del Congreso, la iniciativa de Ley 6403 con reformas el decreto 54-2022 (Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación 2023) mediante una ampliación presupuestaria por Q14 mil 451 millones 700 mil 391.
Desde entonces, la propuesta del Gobierno Central generó el rechazo de diputados de las bancadas de VAMOS, el Partido Unionista, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y de otras agrupaciones políticas con representación minoritarias. Sin embargo, pese a las críticas, la iniciativa de ley avanzó y fue remitida a la Comisión legislativa de Finanzas Públicas y Moneda.
El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, acudió a esta sala de debates en varias oportunidades, pero sin obtener el apoyo de los legisladores hacia la propuesta, que desde el principio pareciera estar destinada al archivo.
El 31 de julio pasado, se reunieron 11 de los 21 los integrantes de la Comisión legislativa de Finanzas Públicas y Moneda y conocieron un dictamen favorable, presentado por el presidente de la sala, Julio Héctor Estrada, de la bancada del Partido CABAL. En esta propuesta, se redujo a Q11 mil millones la ampliación presupuestaria, un monto menor al solicitado por el Ejecutivo.
¿Por qué menos recursos?
De acuerdo con el diputado Estrada se redujo montos porque la iniciativa de ley incluía asignaciones para 2024. “Por tiempos de ejecución corresponden mejor al Presupuesto 2025 o simplemente porque las instituciones no los sustentaron”, dijo.
Por ejemplo, se eliminaron Q500 millones dirigidos al Crédito Hipotecario Nacional (CHN) para créditos de vivienda, a tasas que ya se ofrecen en el mercado desde la banca comercial, sin requerir fondos públicos.
“Así como estaba no vale la pena. En 2025 se pueden considerar asignaciones para vivienda, pero con otra estrategia”, indicó.
No obstante, el legislador advirtió que si bien se redujo el monto de la ampliación presupuestaria, ello no significa que el dinero ejecute en los siguientes cinco meses. “La asignación está basada en el aumento de los ingresos y más de mitad de las asignaciones no se podían reducir porque son Situado Constitucional o por mandato de ley. Los Q250 millones adicionales al deporte no se pueden reducir pese a que se sabe que no se van a gastar”, añadió.
“El porcentaje de ejecución presupuestaria total, al final de 2024, iba a bajar de forma importante de aprobarse dicha ampliación”, agregó.
Difícil alcanzar los votos
En palabras de Estrada resultaba difícil alcanzar los votos necesarios para aprobar la iniciativa de Ley 6403, por las opiniones de los legisladores en los últimos dos meses. “Por los tiempos, la cercanía de la entrega del nuevo Proyecto de Presupuesto y por transparencia era importante que los diputados lo expresaran al votar en torno a una propuesta técnica, sólida y específica. Con el resultado de la votación se hace público que no están los votos para aprobar un dictamen favorable”, señaló.
La votación del 31 de julio cerró con ocho votos en contra; dos votos condicionados a cambios y uno favorable, el de Estrada.
Para Estrada de hoy en adelante lo más sensato es utilizar el tiempo de la Comisión en discutir otras 15 iniciativas de ley, en cola para dictamen.
Según el diputado la cercanía de la presentación del Proyecto de Presupuesto 2025 es uno de los principales argumentos en contra de ampliar el Presupuesto actual; también que llegó tarde al Congreso, una “propuesta tan grande”.
Con estas palabras, el legislador dejó entrever que se terminó el camino a la propuesta del Ejecutivo para ampliar el Presupuesto Nacional. Falta ahora que como lo dice la ley Orgánica del Congreso, la Comisión emita un dictamen desfavorable, que debe ser aprobado o declinado por el pleno de diputados. La Comisión tiene un máximo de 45 días para elaborar y presentar ese documento a la Comisión Legislativa.
Voto de pocos diputados
Román Castellanos, diputado de la bancada Movimiento Semilla comentó que en la última sala de trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda faltó la mayoría de integrantes. “Por varios momentos no hubo quórum para conocer el dictamen favorable presentado por el diputado Estrada. Cuando llegaron 11 diputados lo sometieron a discusión y votaron ocho de 21, en contra del dictamen favorable”. Esto porque dos diputados condicionaron el voto y uno votó a favor.
Castellanos aclaró que todavía falta un dictamen desfavorable o negativo. “Está pendiente y es lo que debe seguir. Hay dictamen favorable, falta el desfavorable”, dijo.
Carlos Barreda, exviceministro de Finanzas y diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) publicó, en redes sociales, que no tenía sentido discutir una ampliación presupuestaria, cuando queda poco tiempo para que el MinFin presente, a la Junta Directiva del Congreso, el proyecto de Presupuesto de Estado 2025. Según la ley Orgánica del Presupuesto, esto ocurre el 2 de septiembre de cada año.
Asignaciones sin justificación
Ricardo Barrientos, director ejecutivo de Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), consideró que desde un punto de vista técnico fue lamentable que no se atendiera la principal preocupación en torno a la iniciativa de ley presentada por el Ejecutivo, relacionada al aumento del aporte extraordinario destinado a los Consejos de Departamentales de Desarrollo (CODEDES) por Q1 mil 675 millones.
“El ICEFI y otros sectores expresaron que ese aumento específico carecía de una justificación técnica. Se documentó y estableció que los CODEDE tienen niveles bajos de ejecución presupuestaria”.
Sin embargo, los analistas también evidenciaron que se distribuiría dinero por municipio, pero al intentar identificar el indicador socioeconómico que justificaba dicha solicitud como la pobreza, pobreza extrema, desnutrición, mortalidad materno-infantil u otro que retratara las dificultades sociales de las comunidades no se logró establecer ninguno.
Asimismo, Barrientos recordó la tensión que ocasionó la comparecencia del ministro de Finanzas a las sesiones de la Comisión. “No dio explicaciones”.
Al final “se volvió una suerte de desorden y relajo”. “Pero siempre el ICEFI sostuvo que sí era necesaria la ampliación presupuestaria y se justificaba porque hay que corregir la proyección de ingresos tributarios, que es de Q16 mil millones, y no Q13 mil millones como lo informan”, indicó.
Llegó muy tarde al Congreso
El director ejecutivo del ICEFI opinó que el Ejecutivo presentó muy tarde la propuesta de ampliar el Presupuesto de Estado. “El error de la subestimación de los ingresos tributarios lo hemos dicho hasta el cansancio, desde agosto de 2023 y el 2 de septiembre de 2023, cuando se presentó el Proyecto de Presupuesto 2024. Lo primero que dijo el ICEFI fue que los ingresos tributarios estaban mal calculados. Lo repetimos en otras ocasiones Tenemos medio año de advertir, advertir y volver a advertir, pero nadie nos hace caso. Allí están los resultados”, afirmó.
Según Barrientos la propuesta del Ejecutivo tendría que haber sido enviada al Congreso, en enero o más tardar en febrero pasado, con el objetivo de corregir la proyección de ingresos tributarios y porque el Gobierno Central tenía una mejor correlación de fuerzas en el Legislativo. “Se presentó demasiado tarde cuando la correlación de fuerzas era ya desfavorable al Ejecutivo”.
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¿Una última estocada?
La última esperanza queda en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda y en el dictamen negativo que debe conocer el pleno. “Si se tarda en emitir el dictamen es como matar la propuesta. Habría que ver que hace o deja de hacer la Comisión, sino se está desatendiendo y habría que declarar el fracaso del Ejecutivo en la ampliación presupuestaria. Lo correcto es que se emita un dictamen negativo”, enfatizó.
Según Barrientos, en la sesión del 31 de julio, se instruyó a que se preparara ese documento.
El diputado Román explicó que quedan varias rutas por explorar para aprobar o no la solicitud de ampliar el Presupuesto del Estado en Q14 mil millones. “El dictamen favorable reducía los fondos que solicitó el Gobierno, eso es un problema. Con la iniciativa de ley se busca corregir los ingresos tributarios frente al gasto público. Es lo responsable, correcto y transparente. No gastar el dinero de forma discrecional. Exploramos los caminos para aprobar la propuesta del Gobierno. Son compromisos adquiridos”, añadió.
Román mencionó que queda que la Comisión obtenga los votos del dictamen desfavorable el cual debe ser presentado por Estrada. “No se ha convocado a una reunión con este fin”, agregó.
La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq-URNG-Maíz, quien ha asistido a las distintas sesiones de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, como asistente es menos positiva que el legislador Román. “Se votó en contra del dictamen favorable, esto da pie a que no se apruebe el proyecto de ampliación presupuestaria. No hay marcha atrás y la Comisión ha resuelto”, dijo.
Para la legisladora, el Ejecutivo tenía la capacidad de ejecutar los Q14 mil millones solicitados porque tenían un destino. “Quienes se oponen le quieren hacer la guerra. Es una forma muy perversa de actuar y de llevar la contraria al Gobierno Central. Técnicamente si hay una explicación: hay que ajustar el Presupuesto Fiscal 2024 en coherencia a la recaudación tributaria. Ese ajuste iría orientado a programas de carácter social y de infraestructura. Castigan al Ejecutivo, pero en realidad castigan a los guatemaltecos”, afirmó.
Gutiérrez no puede integrar la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda porque cuenta con 21 diputados. “Hemos solicitado que me integren porque hay bancadas con dos o más representantes. Es un acto de discriminación”, mencionó. “Como diputada no me pueden expulsar de las reuniones, tengo voz, pero no voto”.
Sin operadores políticos
Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, Capítulo de Transparencia Internacional, calificó lo ocurrido en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda como un nuevo revés del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo en el Congreso.
“Creo que no escoge bien las batallas que debe librar con los diputados. No tiene asegurados los apoyos suficientes para llevar a cabo sus iniciativas. El presidente debería evaluar a los responsables de impulsar estas propuestas sin garantizarle un mínimo de éxito. No puede seguir naufragando frente al Legislativo”, dijo.
“Tendría que contar con mejores operadores políticos que desarrollen una agenda, por lo menos mínima en común, con aliados en el Congreso. Pero es evidente que ya perdió a los aliados que hicieron posible que tomara posesión (el 15 de enero). Esa alianza de principios de año ya no funciona. Debería reconstruir una nueva y para ello necesita operadores políticos y un recambio importante en el Gabinete para no seguir con esta racha de pérdidas en el Congreso”, agregó Marroquín.
La Comisión Legislativa de Finanzas Públicas y Moneda se reúne dos veces al mes. Las reuniones de agosto no han sido convocadas ni la agenda a discutir, por lo que el tan esperado dictamen desfavorable duerme todavía el sueño de los justos.
Las cifras del proyecto enviado por el Ejecutivo
