Organizaciones defensoras de derechos humanos y de prensa denunciaron ante la CIDH la situación de criminalización a la que en los últimos años los periodistas y activistas se han enfrentado en América Latina como un “modus operandi” para silenciar las voces que exponen la corrupción e impunidad de los gobiernos. Como consecuencia se lesiona el derecho a la información y el papel del ciudadano en la democracia, advirtieron.
Por Isela Espinoza
Estigmatización, la cooptación de audiencias de la prensa, intimidación, hostigamiento judicial y aprovechamiento de la tecnología para desplegar mecanismos de control y vigilancia social son factores que forman parte de una estrategia de gobiernos latinoamericanos que buscan deteriorar el Estado de derecho, según denunciaron este lunes 25 organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, El Salvador, México y Nicaragua.
Prensa Comunitaria y Ruda formaron parte de la audiencia temática denominada: Afectaciones al derecho a la libertad de expresión por medidas estatales de censura en las Américas, en el marco del 190 período de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Los Gobiernos con agendas y discursos contrarios al Estado de derecho avanzan en el desmantelamiento de las instituciones de derechos humanos y al mismo tiempo construyen esquemas que facilitan la corrupción y la impunidad. Hemos documentado la problemática común en la región que consiste en estrategias gubernamentales para socavar la participación ciudadana e información relevante de los poderes públicos”, dijo Emmanuel Vargas, codirector de la fundación colombiana El Veinte.
Las representaciones de las organizaciones afirmaron que, en los últimos cinco años, la mayoría de los gobiernos de la región han agregado a su agenda la persecución a la crítica y la denuncia pública al usar retóricas hostiles y confrontativas que califican a periodistas y personas defensoras de derechos humanas como “mentirosas, enemigas u opositoras”.
Las organizaciones solicitantes de la audiencia han documentado un paralelismo entre el incremento y la violencia física contra los periodistas y el ambiente hostil promovido por los presidentes y funcionarios de turno como se observó durante los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil.
Pero actualmente, es un patrón que repiten los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; Nayib Bukele, de El Salvador; Gustavo Petro, de Colombia y Javier Milei, de Argentina llegando a provocar temor a represalias, socavar la capacidad de los periodistas para promover la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad.
Además, advirtieron que los mensajes hostiles contra la prensa y defensores de derechos humanos que difunden pueden llegar a incentivar la agresión física, amenazas, vigilancia, obstrucciones al trabajo periodístico, entre otros.
“A pesar de no ser un asunto novedoso en la región, el discurso estigmatizante contra la prensa es un tema urgente”, dijo Raissa Carrillo, de Media Defence al agregar que este factor no solo afecta de forma individual sino también a medios de comunicación y organizaciones como los casos de Artículo 19 en México, la Asociación de Periodistas de El Salvador, la Fundación para la libertad en Colombia, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), entre otros.
Otro factor que resaltaron las organizaciones es la cooptación y desviación de audiencias de la prensa, como ocurre con la conferencia mañanera de López Obrador, o incluso transmisiones en vivo de Bukele o Petro, por ejemplo, con el objetivo de imponer el contenido oficial frente a lo emitido por noticieros.
Luis Fernando García de R13, explicó que los mecanismos de vigilancia social a través de la tecnología también se han robustecido con la adquisición y uso de spyware como Pegasus en El Salvador, República Dominicana, Colombia y México; la geolocalización ilegal, el ciber patrullaje, el despliegue de tecnologías de reconocimiento facial y el acceso a datos conservados por empresas, entre otros, han fungido para silenciar voces críticas al poder.
“El uso de software de fuentes abiertas y herramientas de inteligencia por actores estatales para vigilar a periodistas y medios de comunicación es una amenaza latente en la región que se agudiza con la falta de avances en la investigación o implementación de reformas legales que establezcan controles frente a este tipo de actividades”, dijo Priscila Ruiz, de Artículo 19 de la oficina de México y Centroamérica.
📢 ¡MAÑANA! 🚨 Estaremos en una audiencia temática junto a organizaciones que defienden la libertad de expresión y de prensa, para denunciar afectaciones a la libertad de expresión promovidas por medidas estatales en América Latina.📌
📍 9:00 hrs. 🇬🇹
📲 Transmisión @RELE_CIDH pic.twitter.com/349rcxlF0K— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 8, 2024
“Modus operandi”
La tecnología ha sido una de las herramientas con la que los gobiernos impulsan la retórica contra la prensa. En Guatemala, Honduras, El Salvador, la sociedad civil ha detectado el uso de bots, netcenters y trolls para ataques coordinados como se observó en Guatemala durante la gestión de Alejandro Giammattei.
“Durante 2023, en el contexto de un año electoral, se desarrolló una operación psicológica que promovía ataques a la prensa dando advertencia desde información que solo manejaba el Ministerio Público y la Fundación contra el Terrorismo, entidad que constantemente ataca a periodistas críticos y defensores de derechos humanos”, recordó Ángel Caro, de Fundación para la Libertad de Prensa. Agregó que el caso de Jose Rubén Zamora, fundador del desaparecido medio escrito elPeriódico es una muestra de intimidación y hostigamiento y que puso a la prensa como adversaria.
Alicia Miller, de FOPEA, coincidió también en la judicialización de la libertad de expresión y expuso que el uso de herramientas legales para activar denuncias penales, civiles y administrativas en contra de periodistas y activistas de derechos humanos es un “modus operandi para silenciar no solo esas voces sino el trabajo que estas realizan con la intención de socavar el escrutinio y el debate público”.
Además, visibilizó que estas denuncias o procesos judiciales resultan ser “largos y extremadamente costosos” no solo para el periodista o persona afectada sino también tienen la intención de desgastar en lo psicológico, patrimonial e incluso aumentar las amenazas e intimidaciones contra colegas, familiares y colaboradores.
“El acoso judicial tiene un efecto negativo al dividir la crítica, desalentar investigaciones periodísticas y generar una cultura de auto censura que además de afectar la labor periodística, lesiona el derecho a la información y el papel del ciudadano en la democracia”, agregó Miller.
Demandas
Ante la situación expuesta, las organizaciones solicitaron a la CIDH que llame la atención de los Estados con un pronunciamiento sobre la importancia de proteger el derecho a la libertad de expresión frente a las medidas estatales de censura y que continúe monitoreando la situación.
Además, pidieron elaborar un protocolo modelo que ahonde en los estándares ya establecidos por el sistema interamericano respecto a la libertad de expresión para brindar una herramienta a los Estados que contribuya a la prevención de la violencia derivada de las estigmatizaciones difundidas.
Otra de las demandas solicitades fue el adelanto de un informe sobre los efectos de las herramientas de vigilancia digital expuestas durante la audiencia y reiteraron la solicitud de elaborar un informe sobre pleitos estratégicos contra la participación pública como amenaza para la libertad de la expresión y que sea estudiado de forma paralela a otros contextos de criminalización y judicialización.
Vea la audiencia completa
