En el 190 periodo de sesiones de la CIDH, periodistas guatemaltecos en el exilio señalaron que previo a su salida del país recibieron ataques de funcionarios. El actual gobierno ha manifestado su voluntad de protección, pero la tendencia de criminalización de operadores de justicia continúa.
Por Simón Antonio Ramón
En la región Latinoamericana el exilio de periodistas ha ocurrido bajo gobiernos autoritarios como los de Honduras, Guatemala y Nicaragua o con su llegada al poder, como el caso de El Salvador. Los actos represivos de los gobiernos contra quienes ejercen el periodismo se focalizan en quién cuestiona y denuncia la violencia, censura, corrupción e impunidad que se vive en los países.
Las condiciones de inseguridad y criminalización han provocado el exilio de periodistas y en casos más extremos el retiro de su nacionalidad. Estos hechos coinciden con la crisis migratoria que se vive en la región, dificultando el acceso a la protección internacional y dificultades en el ejercicio de otros derechos.
Esta situación se conoció durante la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre “Exilio de periodistas e Impactos en la Libertad de Expresión”, en su 190 periodo de Sesiones.
La CIDH realizará 34 audiencias del 8 al 19 de julio, en la modalidad virtual y presencial en Washington, D.C., para discutir temas de derechos de mujeres, niñez y adolescencia, pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos.
También se conocen los asuntos sobre personas afrodescendientes, personas LGBTI, privadas de libertad, con discapacidad, migración y solicitantes de asilo, libertad de expresión y asociación, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, memoria, verdad y justicia, y democracia.
El gobierno de Giammattei provocó el exilio de más de 20 periodistas
Durante la audiencia, intervino la periodista Lucía Escobar. Mencionó un informe elaborado por la Red Rompe el Miedo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que registra que más del 70 por ciento de periodistas exiliados fueron criminalizados mientras cubrían temas de corrupción e impunidad, señalando la cooptación de los poderes del Estado y el Ministerio Público (MP) por poderes corruptos y antidemocráticos.
El 77.8 por ciento recibió múltiples ataques e intimidaciones afirmando que el contexto laboral era hostil y recibían ciberataques desde las redes sociales. Uno de los desafíos que desató la situación, agregó, fue que pocas organizaciones contaban con experiencia y condiciones para atender los ataques y el exilio de periodistas.
“La insuficiente atención al creciente numero de exiliados impacta en las condiciones de vida de los periodistas, generando efectos negativos en la sociedad y profundizando el clima de autocensura y privando a las personas de su derecho de ser informadas”, dijo la periodista.
La lentitud ante situaciones de alto riesgo, la burocracia institucional, escacéz de cartillas de pasaportes en los consulados, falta de asesoría migratoria y laboral, dificultad para renovar el documento personal de identidad, discriminación y racismo, fueron algunos de los desafíos que mencionó Escobar.
“El Estado guatemalteco ha reaccionado de forma diversa ante los exiliados: por un lado, la administración de Bernardo Arévalo compartió su disposición de brindar garantías de seguridad a los que deseen retornar al país; pero por otro, esto no fue posible debido a la tendencia de criminalización del MP, el Organismo Judicial y la Corte de constitucionalidad (CC)”, dijo la periodista.
La periodista dijo que actualmente se encuentra en un segundo exilio. El primero fue, en 2011, cuando la CIDH le otorgó medidas cautelares por las amenazas de una estructura de “limpieza social” en el municipio de Panajachel, Sololá. En esa ocasión, agregó, la fiscalía la desmontó, pero ahora, la misma fiscalía es quien la persigue.
“Salí en la madrugada del 15 de octubre de 2023, pensando que regresaría en 15 días, luego quizá en dos meses y aquí estoy nueve meses después mudándome por quinta vez”, dijo.
“Nunca pensé que por dar cobertura a una manifestación contra Miguel Martínez en la Antigua Guatemala, podía enfrentar cárcel por incitación al odio o crimen organizado. Durante 24 horas recibí una serie de amenazas y avisos que convirtió mi hogar en un montón de cajas y mi vida en una hoja en blanco”, señaló Escobar.
En el informe que citó Lucía Escobar de la Red Rompe el Miedo, se afirma que las y los periodistas no puede regresar al país mientras que están vigentes las persecuciones penales o que no tengan acceso a los expedientes judiciales.
La periodista manifestó su temor acerca de la petición del Ministerio Público a la Intertpol para detener a estudiantes, docentes universitarios y activistas por el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) que puede replicarse en el caso de los periodistas.
El exilio de periodistas deja un vacío informativo
En la audiencia también participó Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien señaló la presión a los medios de comunicación y la creciente tendencia autoritaria en estados democráticos, cierran el espacio para medios independientes, forzando a periodistas a huir, creando un vacío informativo y debilitando la capacidad de la población de mantenerse informada y crítica.
“El exilio de periodistas implica una gran pérdida para la democracia y una alerta sobre la vigencia de los derechos humanos”, señaló Brunori y agregó que la situación requiere atención especial a quienes son afectados y el reconocimiento del rol que cumplen fuera de sus países.
“Las mujeres periodistas, en particular, enfrentan riesgos adicionales de abusos sexuales y explotación, sin mecanismos efectivos de reparación”, dijo Brunori al referirse a su situación.
Para Brunori, el propio exilio es una restricción ilícita de la libertad de expresión, en la medida que limita el derecho a los periodistas a tener acceso a la información, a difundirlas como compartir sus opiniones en sus propios países.
En su intervención, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca Villarreal, señalo que los primeros informes de la sociedad civil sobre periodistas en el exilio consideraban que era una situación excepcional y temporal, pero en la región se ha extendido en el tiempo.
“Al poder que quiere censurar le resulta muy conveniente el exilio y ese poder puede ser legal o ilegal en los lugares de origen de riegos”, planteó en su internvención el relator Vaca. Señaló que a veces el poder llamado a resguardar los derechos humanos, como los Estados, omite su deber de protección o es indiferente ante la situación.
Vaca señaló que una de las consecuencias del exilio es la relación de los periodistas con la comunidad, pues los aleja de las fuentes de información, “no solo hace difícil la pretensión de hacer periodismo, sino tiene también un impacto en el tiempo que llega la información”, dijo el relator.
En el caso de la participación de periodistas de El Salvador, Cuba, Honduras y Nicaragua, señalaron una creciente y permanente persecución del Estado contra las y los periodistas, aun, estando en el exilio. En el caso de Nicaragua, el Estado ha retirado la nacionalidad a varios periodistas y embargado los fondos de sus cuentas bancarias.
Al final de la audiencia, se señaló que la visita in loco, que tiene prevista la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala puede profundizar más esta situación y verificar la atención gubernamental y estatal a esta situación alarmante que afecta al gremio periodístico guatemalteco.
La CIDH anunció una visita in loco (una observación en el lugar) a Guatemala del 22 al 26 de julio, para observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de 2017, año en la que fue la última observación.
Entérese más aquí:
CIDH anuncia visita a Guatemala para constatar situación de derechos humanos
