Los ministerios de Comunicaciones, Salud, Agricultura y la Conred podrán hacer compras bajo el estado de calamidad que tendrá vigencia de un mes. El CIV dijo que priorizan la atención para la autopista Palín- Escuintla y se enfocarán en la compra de puentes de emergencia, arrendarán maquinaria pesada y adquirirá equipo para mejorar su capacidad de respuesta de emergencia.
Por Isela Espinoza
El presidente Bernardo Arévalo busca, por segunda ocasión, declarar estado de calamidad por 30 días a nivel nacional ante los daños registrados en viviendas e infraestructura por los deslaves, desborde de ríos e inundaciones provocadas por las lluvias en los últimos días y que podría provocar desastres naturales, según el decreto gubernativo 2-2024 publicado este lunes en el diario oficial.
Sin embargo, la última palabra la tiene el Congreso que, este jueves, durante la sesión extraordinaria discutirá la medida. Anteriormente, el Ejecutivo no logró los votos necesarios para aprobar un estado de calamidad ante los incendios forestales que se registraron a inicios de año ni para que se conocieran las reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público con el objetivo de allanar el camino para destituir a la fiscal general, Consuelo Porras.
Ante este contexto, diputados del Movimiento Semilla asumieron la tarea de divulgar, a través de sus redes sociales, por qué el Legislativo debería de discutir y aprobar el estado de calamidad ya que el Gobierno recibió “un país en ruinas”. En tanto, los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y Finanzas Públicas también se sumaron a las explicaciones en las redes sociales.
“Resulta necesario dictar las medidas oportunas para evitar o mitigar los efectos derivados de los fenómenos meteorológicos que inciden en la red vial y en la infraestructura, la seguridad alimentaria de la población, así como el acceso a la salud y educación”, dice el decreto Gubernativo.
Según el texto, se podrá limitar el derecho de libre locomoción “en casos estrictamente necesarios” así como ordenar la evacuación de habitantes de las regiones afectadas o que estén en peligro. De aprobarse, se autorizaría al Ministerio de Comunicaciones (CIV), al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales (CONRED) a realizar compras de bienes, suministros, obras y servicios.
A través de un comunicado de prensa, el CIV dijo que priorizan la atención para la autopista Palín- Escuintla y se enfocarán en la compra de puentes de emergencia para instalación de puntos críticos, arrendarán maquinaria pesada y adquirirá equipo para mejorar su capacidad de respuesta de emergencia. “Estaremos obteniendo edificios modulares para asistir a la población afectada por daños en instalaciones de salud y educación en todo el país”, dice el CIV.
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Además, señala que “para garantizar la legalidad y transparencia”, las adjudicaciones de emergencia la realizarán a través de Guatecompras y utilizarán presupuesto de la cartera sin recurrir a fondos de emergencia “a menos que el Congreso así lo disponga”. El CIV aseguró que también contarán con juntas de calificación para las contrataciones y elaborarán un informe final sobre los resultados del estado de calamidad.
“Nuestro objetivo es asegurar que cada quetzal invertido durante este período de crisis sea utilizado de manera eficiente y transparente”, agregó. El decreto también enfatiza que cada ministerio deberá de publicar el gasto.
MINFIN publica reglamento
A diferencia del primer estado de calamidad que solicitó el Gobierno. En esta ocasión el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) emitió las normas de transparencia y rendición de cuentas para la ejecución de los recursos. Aunque no se detalla el monto a utilizar sí señala que “las instituciones responsables de las acciones orientadas a la atención de estado de calamidad deben realizar las modificaciones presupuestarias que correspondan”.
Además, señala que dentro del plazo de un mes a partir de la fecha que haya cesado la vigencia de la medida, los ministerios deberán publicar un informe “detallado y comprensible” de los fondos ejecutados y la cartera facilitará en su página web un tablero de control para el seguimiento de las adquisiciones.
El MINFIN agregó que las adquisiciones y contrataciones que realicen el MAGA, CIV, Ministerio de Salud y CONRED deberán de ser justificadas y documentadas para garantizar que son indispensables y que se “ajustan a la atención de las necesidades de la emergencia. En cuanto a las donaciones, también autorizadas en el decreto 2-2024, estás deberán regirse a lo establecido por la Dirección de Crédito Público del MINFIN.
El Ministerio de Finanzas Públicas emitió esta mañana las Normas de Transparencia y rendición de cuentas para la ejecución de los recursos que se orienten para la atención del Estado de Calamidad Pública, declarado mediante Decreto Gubernativo Número 2-2024.
La ejecución del… pic.twitter.com/IQ3CxThnRL
— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) July 8, 2024
“Un estado de calamidad que no existe”
Los diputados opositores se han empezado a pronunciar previo a conocerse en el pleno si aprueban o no el Estado de Calamidad. Esduin Javier Javier, del partido Cambio, manifestó que no apoyará el decreto de Arévalo ya que el Gobierno cuenta con fondos para sobrellevar la emergencia. “En lo personal no apoyo un estado de calamidad que no existe. Ahorita no los vemos”, dijo el exalcalde de Ipala.
La diputada de Semilla, Laura Marroquín, enfatizó que el gobierno de Arévalo “está siendo todo lo posible” por reconstruir las carreteras y prevenir que suceda una tragedia. “Estas no son medidas temporales que se arruinan con cualquier llovizna”, afirmó la congresista mientras se observan imágenes del Libramiento de Chimaltenango construido durante el gobierno de Jimmy Morales y que cada invierno reporta derrumbes.
El decreto da un plazo de tres días para que el Congreso “conozca, ratifique, modifique o impruebe” la medida. Según una circular, los diputados discutirán el estado de calamidad el próximo jueves durante una sesión extraordinaria a las 10:00 horas.
Según el informe de la CONRED, emitido este lunes, al menos 4,101 personas están en riesgo, 6,771 han sido damnificadas y 13 fallecidas en lo que va de la temporada de lluvias. Los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Jutiapa, Sacatepéquez, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso, Huehuetenango, Santa Rosa, se encuentran entre los departamentos con mayor número de afectados.
El pasado 27 de junio, diputados de la Junta Directiva y jefes de bloque acudieron al Palacio Nacional a una reunión convocada por Arévalo en donde presentó la propuesta del estado de calamidad pública. Sin embargo, en esa ocasión los congresistas de oposición la señalaron de “débil” y de no estar justificada.
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