* La Policía Federal brasileña arrestó a varias personas e incautó bienes vinculados con algunos de los proyectos de crédito de carbono más grandes de Brasil. Según los investigadores, los detenidos son sospechosos de haber cometido delitos de acaparamiento de tierras y blanqueo de madera en la Amazonía desde hace más de una década, y de haberse lucrado de éstos con millones de dólares. * Los vínculos entre los empresarios detrás de proyectos REDD+ y una presunta estafa con madera ilegal fueron revelados a fines de mayo en una investigación de Mongabay que hizo parte de la alianza Carbono Opaco.
En Brasil, toda la madera debe estar acompañada de un “documento de origen forestal” o DOF, también conocido como crédito maderero. Una vez que las autoridades ambientales aprueban un plan de gestión forestal, su titular puede emitir una cantidad determinada de DOF, correspondiente al volumen de árboles que se permite extraer de esa zona.
En el caso de Stoppe, sin embargo, un análisis de Mongabay halló que los planes de gestión forestal dentro de los proyectos REDD+ no extraían toda la madera que podían, según la revisión realizada por el Centro para el Análisis de Delitos Climáticos (Center for Climate Crime Analysis, CCCA). La organización sin ánimo de lucro, con sede en los Países Bajos y fundada por fiscales e investigadores que examinan a los emisores de gases de efecto invernadero que producen el cambio climático, usó imágenes satelitales para comparar el volumen de madera extraída de las zonas de Stoppe con el volumen declarado a través del sistema de DOF.
El CCCA halló incongruencias equivalentes a más de 4200 camiones cargados de madera. La investigación de Mongabay aportó pruebas, revisadas por expertos, de que esas incongruencias sugerían que los proyectos de Stoppe podrían estar usando los créditos madereros de sobra para blanquear la madera extraída ilegalmente de otras zonas.
La Policía Federal maneja una tesis similar. Según la entidad, los créditos madereros falsos probablemente se usaban para blanquear madera extraída por el propio grupo de Stoppe y por otro grupo asociado a Chaules Pozzebon. Este último fue sentenciado a 70 años de prisión y señalado de ser uno de los deforestadores más grandes de la Amazonía. Dos hombres a los que los investigadores tenían en la mira son madereros: Élcio Aparecido Moço (cuya empresa, Green Forest Carbon, es una de las promotoras del proyecto Unitor, junto con Stoppe y Carbonext) y José Luiz Capelasso (que aparece en uno de los informes de verificación de Unitor como responsable de actividades como “estructura de gestión operativa” y “período de acreditación”). De acuerdo con las autoridades, el grupo está detrás de la extracción ilegal de más de 1 millón de metros cúbicos de madera, el equivalente a casi 5000 camiones cargados a tope.
“Indudablemente, usaban los documentos para blanquear madera”, dijo a Mongabay Thiago Marrese Scarpellini, investigador principal de la Operación Greenwashing. “Cerca de sus empresas de tala, están las tierras de los indígenas kaxarari, y siempre se extrae madera de allí”.
La Policía Federal ejecutó 76 órdenes de detención y registro e incautación en los estados de Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Paraná, Ceará y São Paulo. Incautaron dos aviones, autos de lujo y varias joyas.
Moço y Capelasso fueron detenidos, así como el hijo de Stoppe, Ricardo Villares Lot Stoppe, y la hija de Capelasso, la ingeniera forestal Poliana, quien firmaba los planes de gestión forestal, probablemente fraudulentos, usados por el grupo. Tras darse a la fuga durante dos días, Ricardo Stoppe se entregó a la policía el 7 de junio.
En una declaración enviada a Mongabay, Grupo Ituxi, la empresa detrás de los proyectos, informó que haría una declaración pública luego de tener acceso a los expedientes de la investigación de la Policía Federal.
Acaparamiento de tierras 2.0
La Policía Federal también dijo que el grupo de Stoppe acaparó más de 500 000 hectáreas de terrenos públicos en el sur del Amazonas (equivalentes a tres veces el tamaño de la municipalidad de São Paulo).
“Este es un acaparamiento de tierras 2.0”, dijo Scarpellini. Explicó que el acaparamiento de tierras tradicional (cuando se despeja el bosque y queda un espacio abierto para pastura) es fácil de identificar porque la deforestación aparece rápidamente en las imágenes satelitales. Sin embargo, la combinación de proyectos de carbono, donde el bosque se conservaba, con la extracción ilegal de madera de otros lugares hizo que la estafa pasara desapercibida durante muchos años.
“En este caso, el bosque permanece intacto; no se emite ninguna alerta en los sistemas que lo controlan. No tienen problemas con ningún vecino porque no acaparan tierras privadas, sólo tierras públicas. Por lo que tampoco hay quejas de los vecinos. ¿Cómo se descubre que están cometiendo estos delitos?”.
Según el equipo de investigación, las zonas públicas acaparadas se han valuado en 820 millones de reales (156 millones de dólares). La policía incautó bienes por un valor de 1600 millones de reales (304 millones de dólares) y valoró en 606 millones de reales (115.2 millones de dólares) los daños ambientales causados por la estafa del blanqueo de madera.
El equipo de investigación también descubrió que el grupo tenía contactos en oficinas estatales, como agencias de reforma rural, que les ayudaban a conseguir documentos presuntamente fraudulentos que habrían facilitado el acaparamiento de tierras. Como parte de la operación, se destituyó a ocho empleados públicos de sus cargos.
Los proyectos REDD+ fueron desarrollados por la empresa brasileña Carbonext y certificados por Verra, uno de los registros del mercado voluntario de carbono más grandes del mundo y el más importante para las iniciativas REDD+. No se está investigando a ninguno de ellos.
Siguiendo las normas de Verra, los proyectos fueron verificados por auditores contratados por los promotores, pero no evidenciaron ninguna irregularidad.
Para Shigueo Watanabe Junior, especialista en política climática del centro de estudios brasileño Instituto Talanoa, las investigaciones dejan en evidencia uno de los vacíos en el mercado voluntario de créditos de carbono. “Un proyecto REDD+ en el Congo tiene que seguir las mismas normas que un proyecto REDD+ en la Amazonía, aunque todas las condiciones y los problemas sean diferentes”, manifestó.
El caso surgió en medio del debate en el Congreso sobre la implementación de un mercado de carbono regulado en Brasil. “Creemos que la operación no pretende socavar el mercado de créditos de carbono, sino fortalecer la manera en que los proyectos se documentan para que esto no vuelva a suceder”, dijo Scarpellini.
“Creo que esta operación fue excelente. Es una señal clara para todos de que se ha elevado el nivel”, expresó Watanabe Junior.
Verra suspende los proyectos
Después de los arrestos e incautaciones realizados por la Policía Federal de Brasil, como parte de la Operación Greenwashing, los proyectos Unitor, Fortaleza Ituxi y Evergreen, desarrollados por la empresa brasileña Carbonext, fueron suspendidos.
Verra anunció la decisión el 10 de junio. “La suspensión de una cuenta es una acción extraordinaria que significa que no se pueden realizar transacciones en la cuenta, incluidos los créditos depositados en la cuenta, hasta que se hayan resuelto todas las cuestiones o incertidumbres identificadas”, declaró Verra. Según la organización, la acción es una medida preventiva y no indica ningún juicio a las personas involucradas (lea su comunicado completo aquí).
En un nuevo comunicado publicado el 13 de junio, Verra dijo que lanzará una investigación interna sobre los proyectos de Stoppe, que serán puestos “en espera” en el registro de Verra.
“Creo que Verra está haciendo la certificación incorrectamente”, dijo a Mongabay Scarpellini, el investigador principal de la Operación Greenwashing. “Pero no sé si es su culpa porque tienen sede en los Estados Unidos, y no sé si hay acaparamiento de tierras en los Estados Unidos. Pero aquí lo tenemos. Y si somos un mercado promisorio [para los créditos de carbono] tendrán que adaptarse a las circunstancias de aquí”.
“Cuando veo los titulares en los periódicos, la Fiscalía y ahora la Policía Federal que entran en el terreno, lo qué están haciendo es señalar qué criterios de calidad necesitamos de los proyectos en Brasil”, dice Shigueo Watanabe Junior del Instituto Talanoa.
La Operación Greenwashing se hizo pública el 5 de junio, dos semanas después de que Mongabay publicara una investigación conectando a los dueños de los proyectos a una presunta estafa de blanqueo de madera. Esa investigación se publicó como parte del proyecto Carbono Opaco, una alianza de 15 medios liderada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que investiga el funcionamiento del mercado de carbono en América Latina.
