La pareja, el sobrino y un primo de los diputados del Congreso de la República tuvieron grandes ganancias en la gestión de Alejandro Giammattei y sus empresas lograron recibir, en conjunto, Q171.15 millones (US$22.03 millones).
Por Cristian García
Los contratistas, además, tienen en común que son familiares de parlamentarios que pertenecieron a la antigua alianza que dominó la legislatura pasada. Es más, dos de ellos están vinculados con diputados del partido Vamos.
La organización política, que pertenece al expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez (ambos sancionados por Estados Unidos), presidió el Congreso de la República durante toda la anterior administración.
Por esa razón, los diputados de ese partido tuvieron una alta exposición mediática y varios lograron la reelección al atribuirse la realización de obras en sus departamentos con supuestas labores de “fiscalización”.
Mientras tanto sus familiares recibían fuertes sumas del erario público y una de las beneficiarias fue Ruth Aracely López Gómez, pareja del parlamentario Maynor Gabriel Mejía Popol, uno de los políticos más cercanos al exmandatario.
Ella es la propietaria de Distribuidora Guatemalteca, que logró captar millones de quetzales por la venta de pupitres para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, dos entidades ligadas directamente al Ejecutivo.
Por ejemplo, la institución que dirigía Claudia Ruiz Casasola recurrió a esta compañía para que le brindara 37,706 escritorios de paleta. Por estos se comprometió a desembolsar Q10.50 millones.
Por supuesto, no fueron las únicas entidades del organismo a cargo de Giammattei que hicieron negocios con la Distribuidora Guatemalteca, porque López Gómez también hizo transacciones con las carteras del Interior y Comunicaciones.
Además, fueron sus clientes la Universidad de San Carlos de Guatemala y las municipalidades de Sumpango y Santa Lucía Cotzumalguapa. En todos los casos, los acuerdos fueron para que les brindara mobiliario escolar y de oficina.
En suma, las mencionadas instituciones estatales erogaron Q45.05 millones en el gobierno precedente para la pareja de Mejía Popol, quien sigue representando al distrito de Chimaltenango.
De ese departamento fue gobernador entre 2012 y 2015, cargo que le fue otorgado en la corrupta gestión del Partido Patriota y gracias a su amistad con Mariano Paz Montes, el esposo de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti.
Prensa Comunitaria le escribió al funcionario para que explicara si las adjudicaciones para López Gómez tuvieron relación con el hecho de que él ha sido miembro del partido Vamos, pero no contestó.
Empresario “municipalista”
Douglas Isaí Estrada Cifuentes empezó a ser contratista del Estado desde 2015. Los registros de Guatecompras indican que los fondos públicos que se le han otorgado, a partir de entonces, han sido de Q38.26 millones.
Sin embargo, su crecimiento empresarial ocurrió años después y coincidió con la administración de Alejandro Giammattei, porque durante su gestión consiguió Q30.03 millones del monto indicado.
Para lograrlo, inicialmente concentró la prestación de servicios individuales y los trabajos de su compañía Terra Construcciones en las municipalidades de Quiché, el departamento que en el Legislativo representa Josué Edmundo Lemus Cifuentes, su primo.
Luego estableció negocios con las municipalidades de Santa Lucía La Reforma de Totonicapán y San Juan Comalapa en Chimaltenango, misma que se convirtió en el principal socio en el Estado de Douglas Isaí al suscribir varios convenios de cientos de miles de quetzales.
Entre ellos están un acuerdo para que le suministrara materiales para mejorar el alcantarillado sanitario, otro de insumos para trabajos en una calle pavimentada y un contrato para el arrendamiento de maquinaria para reparar caminos.
Resalta que el alcalde de San Juan Comalapa es Justo Rufino Similox Pichiyá, funcionario que ya mostraba su inclinación hacia el partido Vamos (al que pertenece Josué Edmundo) y con el que consiguió su reelección para el período 2024-2028.
Josué Edmundo también fue reelecto como parlamentario y seguirá ampliando su historial político, en el que se incluye una etapa de 18 meses como titular del Ministerio de Comunicaciones, cargo para el que fue nombrado por Giammattei.
Su gestión como jefe de la cartera estuvo llena de señalamientos por la sobrevaloración de obras, la designación de directores cuestionables y por investigaciones de la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Juan Francisco Sandoval.
Las investigaciones apuntaban a que él habría autorizado varias adjudicaciones a favor de empresas de políticos y constructores vinculados al exministro José Luis Benito. Pese a ello, nunca fue sancionado y fue protegido por el Ministerio Público de Consuelo Porras.
Al igual que con Mejía Popol, Prensa Comunitaria envió un correo electrónico al exministro para que aclarara si las asignaciones conferidas a su primo ocurrieron por pertenecer al entonces partido oficial. No hubo respuesta.
La megadistribuidora Fión
El mayor beneficiario de los Q171.15 millones analizados en este reportaje fue Carlos Alejandro Fión Rossal, quien es el fundador y socio mayoritario de la compañía Tecno Suministros, según el Registro Mercantil.
Él obtuvo Q96.06 millones de esa cantidad. Proviene de una familia de políticos, porque su tío, César Augusto Fión Morales es diputado de la (Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y representa a Petén. En tanto que su padre, Carlos Rafael Fión Morales, fue congresista y miembro del Parlacen.
Incluso, su padre es empresario y fundador de Distribuciones Guayacán, entidad mercantil que firmó contratos con el Estado en el gobierno de Giammattei, una situación que recuerda el refrán: “De tal palo, tal astilla”.
Fión Rossal creó Tecno Suministros, en 2015, primordialmente para la comercialización de productos lácteos y sus derivados, aunque se ha dedicado a distribuir otros alimentos. Un año después de su constitución empezó a ser proveedora del Estado.
El éxito fue inmediato, porque desde que comenzó a ser contratista ha facturado millones de quetzales en cada ejercicio fiscal. Sus ventas entre 2016 y 2019 alcanzaron los Q28.58 millones.
Sin embargo, la administración pasada significó para él un cambio radical y sus adjudicaciones, como se indicó, crecieron al triple de todo lo que había conseguido previamente. El Ministerio de Gobernación fue su principal comprador en la anterior gestión.
Esto queda en evidencia por los Q56.97 millones que la cartera del Interior decidió desembolsar para que la entidad mercantil de Fión Rossal le proporcionara desayunos, almuerzos y cenas para quienes reciben formación en la academia de la Policía Nacional Civil (PNC), de la zona 6 capitalina.
Asimismo, Tecno Suministros trabajó con los ministerios de Salud, Educación, Comunicaciones, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, municipalidades y otras instituciones que administran recursos públicos.
Prensa Comunitaria le preguntó al congresista César Augusto si, como ocurrió con su hermano, las contrataciones de su sobrino estaban condicionadas a que apoyara al gobierno de Giammattei. Tampoco contestó.
* Los datos presentados en esta nota y en las siguientes de la serie de esta investigación fueron recopilados, procesados y analizados durante seis meses por el equipo de Prensa Comunitaria, en los que se consultó diversas fuentes y registros públicos para brindar datos sobre el patrimonio de los diputados y sus familiares, sus vínculos con empresas contratistas del Estado y las plazas o contratos laborales que obtuvieron o mantuvieron en las instituciones públicas
** Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
