En el Tribunal de Mayor Riesgo “A” continúa el juicio contra el general Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército, a quien se le acusa de la muerte de 844 personas en el área Ixil, así como la realización de masacres y desapariciones entre 1981 y 1982, durante el conflicto armado interno. Además de los testigos, varios peritos han pasado al estrado para presentar sus informes ante el juez Gervi Sical sobre distintos temas, entre ellos peritajes históricos, sobre desplazamiento y violencia sexual, entre otros.
Por Regina Pérez
Esta semana, Liz Oglesby, profesora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Arizona, se presentó al Tribunal a ratificar su peritaje sobre desplazamiento en el juicio de genocidio Ixil en contra de Benedicto Lucas, de 91 años. La experta expuso que el ejército de Guatemala implementó una política sistemática intencional de destrucción en contra de la población.
Según las conclusiones, los medios que se utilizaron para alcanzar ese objetivo fueron: los ataques dentro del poder local Ixil, las masacres indiscriminadas en contra de la población civil, el desplazamiento forzado masivo, la persecución en contra de la población desplazada y el repoblamiento militarizado en el área rural.
A mi criterio como científica social estos hechos llenan los requisitos objetivos y subjetivos para denominarse actos de genocidio. La población Ixil en su conjunto era víctima de este genocidio, pero especialmente sus sectores más vulnerables como los niños, ancianos, mujeres y población desarraigada, indicó.
El peritaje cuenta con tres hilos conductores que responde a las preguntas: ¿por qué la población Ixil sufrió desplazamiento forzado masivo de su población civil entre 1981 y 1982? ¿Qué fue lo que provocó el desplazamiento masivo y por qué se dio en esa zona? Y ¿Cuáles fueron las condiciones del desplazamiento forzado y cuáles fueron las consecuencias?
Desplazamiento masivo fue modus operandi del ejército
La experta explicó que en sus conclusiones sostuvo que el desplazamiento masivo fue el modus operandi del ejercito y no una consecuencia de la acción bélica o excesos.
“Porque según mis investigaciones hubo criterios para llevar a cabo las grandes masacres, se contempló el elemento sorpresa, los soldados llegaron en horas o días en que la población no había esperado un acontecimiento de carácter fulminante, horas de la madrugada, rutas inusuales, días que significaba concentración de personas para realizar distintas actividades, fueron elementos tomados en cuenta”, dijo.
La experta considero no haber lugar para dudar que el desplazamiento forzado masivo fue provocado por el ejército y fue parte de una estrategia que incluía masacres y arrasamiento de la zona.
En esa región casi toda la población fue afectada ya sea de manera individual o colectiva. Según estimaciones de su trabajo de investigación, para marzo de 1982, calculó que el número de desplazados en el área Ixil era de 27 mil, lo que representa más del 75 % de la población rural. Sin embargo, aclaró que tuvo limitaciones para realizar esos cálculos. También estimó que el 88 % esa misma población fue afectada por el desplazamiento forzado masivo.
Agregó que más del 80 % de la zona fue afectada por el desplazamiento forzado masivo, y más del 85 % de esa totalidad ocurrió antes del 23 de marzo de 1982, (fecha cuando Efraín Ríos Montt dio un golpe de Estado).
Condiciones del desplazamiento civil
Oglesby indicó que esto fue un proceso prolongado que duró meses o incluso años. El peligro de la muerte no terminó con las masacres ya que el ejercito persiguió a los desplazados en la huida, atacándolos o bombardeándolos o destruyendo sus fuentes de abastecimiento.
Lo expuesto por la experta coincide con los testimonios de varios testigos que relataron que el ejército los buscaba en las montañas o destruía sus cultivos para que murieran de hambre.
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La fuga hacia la montaña fue un calvario extremo. Muchas veces los soldados atacaron con balas y granadas a la gente que iba huyendo, el ejercito tiraba bombas desde el aire. Los niños y ancianos fueron quienes más sufrieron este ataque, declaró.
Muchas personas murieron por estar expuesta al frío o a la lluvia, ya que no tenían cobijas o plásticos para taparse, a pesar de que construyeron champas para protegerse. Debido a esto se enfermaron y la presencia del ejército impidió que buscaran atención médica.
El hambre es un elemento que aparece en los testimonios de los desplazados cuando hablan de su experiencia. Tuvieron que comer hierbas y vieron morir a sus seres queridos como niños y ancianos por la falta de alimentos. “El hambre fue usada como un arma de guerra por el ejército en 1982 y posteriormente… lo que me contó la gente es que tenían que vivir como animales”, agregó.
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En una parte de sus conclusiones indicó que para las comunidades Ixil esa persecución desarticulaba los lazos familiares y comunales que son básicos para la preservación de la cultura pues se trataba de la muerte de los ancianos, la memoria del pueblo maya, y los niños, la semilla del pueblo.
Peritos declaran
Al finalizar la primera parte de su exposición el juez presidente del Tribunal le preguntó si ratificaba su peritaje a lo que respondió que sí.
Liz Oglesby tiene una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en Geografía Social, con especialización en temas de migración y desplazamiento, desarrollo, violencia y memoria. En los años 80 realizó trabajo de campo como asistente de investigación que la llevó a varias regiones de Guatemala.
Fue miembro del equipo de investigación de la antropóloga Myrna Mack entre 1989 y 1990 en AVANCSO, en un estudio financiado por la Fundación Ford que se trató sobre reintegración de poblaciones desplazadas. También fue parte del equipo de apoyo del informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), con el que ayudó a redactar el informe final que trataba el tema del desplazamiento forzado como una estrategia militar.
Esta semana continuaron las declaraciones de los peritos en el juicio por genocidio contra Lucas García. Los peritos fueron propuestos por el Ministerio Público en las temáticas histórico, psicosocial, de desplazamiento forzado, violencia y militares, que servirán para probar ante el Tribunal extremos planteados en la acusación en contra de Lucas.
La fiscalía ha propuesto a más de 150 testigos y a 81 peritos en el juicio que comenzó el 5 de abril y que continuará la próxima semana a partir del martes 4 de junio.
