La mayoría de ministros de Comunicaciones que han dejado la cartera lo han hecho rodeados de señalamientos y aunque todos se encuentran libres, las dudas alrededor de su administración persisten. En los últimos 20 años ese ministerio ha manejado más de Q100 millardos.
Por Carlos Estrada
El informe final de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Guatemala: Un Estado Capturado, señaló que “la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones ha sido una constante en las últimas tres décadas”.
El desmantelamiento de la capacidad del Estado para construir obra pública, provocado durante el Gobierno de Álvaro Arzú en la década de los 90, y el incremento del presupuesto para infraestructura, que se tradujo en una cantidad mucho mayor de fondos, aunado a la poca regulación abrió las puertas a la corrupción en esa cartera, son algunos de los factores señalados por la CICIG.
En dos décadas (2003 a 2023), el Ministerio de Comunicaciones ha tenido un presupuesto de más de Q100 millardos. Siendo de las instituciones con más recursos a su disposición para gasto en infraestructura.
La mayoría, sino todos los ministros que dejaron el cargo en los últimos 20 años, han dejado el cargo con varios señalamientos.
El caso de los cobros de sobornos durante la administración de Alejandro Sinibaldi fue documentado ampliamente por la CICIG, que develó cómo la cartera fue tomada por una estructura criminal liderada por el exministro, que exigía el pago de sobornos a los constructores a cambio de entregar proyectos de infraestructura vial o de realizar pagos por el avance de las obras.
Varios constructores desfilaron ante los juzgados para reconocer que habían pagado sobornos a Alejandro Sinibaldi y señalaron que era con la finalidad de que el Ministerio de Comunicaciones se pusiera al día con la deuda de arrastre.
“El señor Sinibaldi nos presionó. Nos hizo llenar las facturas para que le emitiéramos los cheques. Fueron chantajes”, señaló en una de las audiencias Álvaro Mayorga, uno de los propietarios de la empresa Conasa.
Rafael Díaz Fión propietario de la empresa Compañía Constructora de Obras Civiles (Cocisa), señaló durante una audiencia que lo que Sinibaldi hacía era una extorsión.
“Después de recibir el pago por las deudas pendientes en el Estado…el señor Sinibaldi ejercía mucha presión… El pago de 15 por ciento de extorsión que nos cobraba Sinibaldi era posterior a que recibiéramos el pago de la deuda”, señaló el empresario en una audiencia ante la jueza Erika Aifán.
A pesar de que decenas de empresas constructoras aceptaron los cargos y reconocieron haber entregado sobornos a cambio de recibir pagos por trabajos ya ejecutados, la justicia no ha condenado a Sinibaldi, principal beneficiario de los sobornos y quién ejercía el control de los pagos en el Ministerio de Comunicaciones.
La corrupción y más de Q100 millardos
En el reciente informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), presentado al Congreso el 24 de mayo pasado, se señala que se presentaron denuncias penales contra el exministro del gobierno de Alejandro Giammattei, Javier Maldonado, por “irregularidad en contrataciones y ejecución de proyectos al amparo del Decreto 21-2022”, por Q6 millardos.
Por otro lado, José Luis Benito, el ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales y quién habría negociado continuar al menos el primer año del gobierno de Giammattei a cambio del pago de financiamiento ilícito, fue vinculado al caso de los Q122 millones en efectivo encontrados en maletas de viaje en octubre de 2020.
Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Juan Francisco Sandoval, el dinero habría sido producto del pago de coimas por parte de distintos constructores. Por este caso, Benito logró ser condenado por el proceso de aceptación de cargos. La jueza del caso le cambió el delito de lavado de dinero por el de conspiración para el lavado y fue condenado a cuatro años de prisión, pena que se redujo a dos años. También está vinculado al caso del Libramiento de Chimaltenango, en donde la medida sustitutiva que se le había otorgado fue revocada.
Durante la administración de Eduardo Castillo, en el Gobierno de Óscar Berger, también se conoció de pago de sobornos.
Documentos solicitados por la CICIG y relacionados con Rubén Mejía sobre un extenso periodo de tiempo que abarcó de 2006 a 2016, mostraron cómo la empresa Rembar, fundado por dos amigos de Mejía pero manejada por el exgerente del Ministerio de Comunicaciones de Eduardo Castillo y exviceministro de Comunicaciones de Alejandro Sinibaldi, Rubén Mejía, recibió pagos de empresas constructoras al mismo tiempo que este era funcionario.
Estas investigaciones no se profundizaron debido a la expulsión de la CICIG del país, y las nuevas autoridades no las retomaron a pesar de que fueron hechas públicas en su momento.
En el periodo de Álvaro Colom, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), también hubo señalamientos en contra de los ministros de comunicaciones, sin embargo, con una CICIG emergente, que apenas iniciaba con los primeros pasos de la Unidad de Métodos Especiales y con poco a nada de conocimiento sobre la macro corrupción, los señalamientos que se hicieron en los medios de comunicación sobre casos de corrupción no tuvieron eco y no trascendieron.
Sin embargo, años después y, aunque no ligado necesariamente a temas sobre obras de infraestructura, la CICIG señaló al primer ministro de Comunicaciones de Colom, Luis Alejos, de peculado y fraude, al haber avalado la entrega de Q270 millones a Sociedades Anónimas sin ningún control y que después fueron a parar a manos de políticos como Manuel Baldizón y Gustavo Alejos.
El último ministro de Alejandro Giammattei, Javier Maldonado, habría permitido la existencia de una red de trata de personas quienes eran pagadas por la institución y prestaban servicios a funcionarios públicos, según la denuncia de la ahora exministra de Comunicaciones Jazmín de la Vega.
Mientras tanto, la propia De la Vega debió salir por la puerta de atrás del ministerio al ser destituida del cargo por incumplir con un proceso que buscaba limitar la corrupción al hacer pagos de forma técnica y escalonada y decidir hacer pagos a empresas con vínculos políticos y acusadas de financiamiento electoral ilícito a la campaña de Alejandro Giammattei, en 2019.
