La Supervisión de Tribunales del Organismo Judicial concluyó que el juez Erick García no incurrió en ninguna falta disciplinaria al conocer una audiencia en la que levantó la suspensión de los magistrados del TSE. La Sala Tercera de Apelaciones había pedido una investigación, pero el informe concluyó que no hubo arbitrariedad en su actuación.
Por Alexander Valdéz
Un informe de investigación de la Supervisión de Tribunales del Organismo Judicial (OJ) concluyó que el juez Erick García, no incurrió en ninguna falta disciplinaria, contrario a lo que intentó señalar la Sala Tercera de Apelaciones al momento de revocar el fallo en el caso TREP.
El juez Erick García es conocido por no haber cedido a las presiones del Ministerio Público (MP), que buscaba mantener encarcelado al periodista Jose Rubén Zamora y la suspensión de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Prensa Comunitaria tuvo acceso al informe de la investigación interna y en este se constata que se entrevistó a los magistrados Alejandro Prado Estrada, Ingrid Vanessa García Vásquez y Mario Federico Hernández Romero, quienes ratificaron su petición de investigar disciplinariamente al juez por haber reintegrado a sus puestos a los magistrados electorales, además de otras diligencias relacionadas con su designación temporal en el Juzgado Segundo Penal.
Sin embargo, el supervisor que realizó la investigación señaló que el juez Erick García no intervino “arbitrariamente” en el proceso que se sigue contra los magistrados Mynor Franco, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Irma Elizabeth Palencia Orellana, y Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños, vinculados al “Caso TREP”, ya que conoció del caso por una designación temporal en esa judicatura con autorización de la Corte Suprema de Justicia y, además, porque se trataba de un asunto urgente que no admitía dilación.
“Y en cuanto a la intervención del juez denunciado en dicha causa penal, estando recusado, se estima que tampoco el juez denunciado incurrió en alguna anomalía, toda vez que al dictar los autos de fecha 9 y 10 de enero de 2025, consideró y en el último declaró que se trataba de un acto urgente que no admite dilación, lo cual de conformidad con el artículo 68 del Código Procesal Penal, es permisible su diligenciamiento, y como se trata de una decisión judicial únicamente es revisable mediante los medios de impugnación previstos en la ley de la materia. Por consiguiente, el funcionario judicial denunciado Abogado Erick Daniel García Alvarado, en el trámite y juzgamiento de indicada causa penal, no ha incurrido en ninguna de las faltas disciplinarias previstas en la Ley de la Carrera Judicial, por lo que resulta procedente recomendar que la denuncia de mérito no sea admitida para su trámite”, resolvió el investigador.
Sala anuló el fallo
Una práctica recurrente de los magistrados de la Sala Tercera de Apelaciones ha sido la intervención y anulación de oficio todo lo actuado por el juez, ordenando dejar sin efecto la decisión que permitía a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) retomar sus cargos. Además, mandaron iniciar una investigación contra García que en ese momento estaba asignado al Juzgado Segundo Penal.
El fallo de la Sala se dictó en enero de este año. En su decisión, los magistrados consideraron que García no era el juez natural del caso y, por tanto, no podía conocer la solicitud de la defensa de los funcionarios electorales.
La resolución de Sala se emitió durante la petición de recusación que el Ministerio Público (MP) planteó contra los jueces del Juzgado Segundo Penal, Erick García y Mario Hichos. El trámite sólo debía definir si se confirmaba o cambiaba a los juzgadores, pero los magistrados decidieron resolver de oficio la anulación.
Como resultado, se anuló lo resuelto por García y los magistrados fueron nuevamente suspendidos. Fue el juez Mario Hichos quien recibió la ejecutoria de la resolución y procedió a darle cumplimiento.
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El juez fue trasladado
Al emitir fallos contrarios a las pretensiones del Ministerio Público (MP), tanto en el caso del periodista Jose Rubén Zamora como en el de los magistrados del TSE, el juez Erick García fue reasignado de la judicatura. Aunque su designación temporal lo permitía y la plaza que ocupaba estaba vacante, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no renovó su permanencia en el mismo juzgado y lo trasladó a otro en el departamento de Escuintla.
El 10 de marzo, durante una audiencia del caso del periodista de elPeriódico, García denunció públicamente que él y su personal recibieron amenazas y coacción por parte de “personas desconocidas”. Sin embargo, días antes de esa audiencia, integrantes de la Fundación contra el Terrorismo habían realizado publicaciones alusivas en su contra.
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Caso TREP
El proceso contra las autoridades electorales, que avalaron los resultados de los comicios del 2023, han sido cuestionadas debido a que surgió después de que se oficializaron los resultados de las elecciones generales, declarando al partido Movimiento Semilla como ganador y que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
El MP señaló a las autoridades electorales de la posible comisión de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y fraude. Según la investigación, abusaron de su autoridad e incumplieron su deber porque la supervisión del funcionamiento del sistema informático de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue delegada al mismo proveedor del sistema: la empresa Datasys Guatemala.
Además, fueron señalados de fraude por autorizar la suscripción del contrato y la adjudicación de la compra del programa. Datasys habría presentado su oferta por Q148 millones, mientras que otra entidad lo hizo por Q113 millones, lo cual a consideración del MP evidencia una inconsistencia en la adquisición.
En la actualidad el caso no avanzó y los magistrados están suspendidos del cargo. Los cuatro esperan un amparo de la Cámara de Amparo y Antejuicio que podría revertir o avalar la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones.
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