La defensa de Jose Rubén Zamora y la exfiscal Samari Gómez pide a la Cámara Penal de la CSJ revisar las irregularidades en el proceso que los vinculó en 2023. Los abogados señalan que la condena contra Zamora por lavado de dinero carece de sustento jurídico y vulnera la presunción de inocencia.
Por Alexander Valdéz
El equipo legal que defiende al periodista José Rubén Zamora y a la exfiscal Samari Gómez presentó un alegato escrito ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que denuncia irregularidades cometidas durante el proceso que en 2023 concluyó en la condena de Zamora por lavado de dinero y en la absolución de Gómez. Ambos fueron juzgados en el mismo expediente y eso originó que una Sala ordenara repetir el debate para los dos, que ahora se encuentra bajo revisión.
El documento, que será analizado por la Cámara Penal, busca que los magistrados anulen la resolución emitida por la Sala Segunda de Apelaciones en contra de Zamora, mientras que en el caso de la exfiscal se mantenga su absolución de cargos. Para los abogados, la sentencia condenatoria carece de sustento jurídico y se construyó sobre una inversión indebida de la carga de la prueba.
Según el escrito, el tribunal responsabilizó a Zamora de no justificar el origen del dinero decomisado, en lugar de exigir al Ministerio Público que probara la ilicitud de los fondos. Para la defensa, esta decisión vulneró la presunción de inocencia y dejó en estado de indefensión al comunicador. “Es cierto que el recurso de casación interpuesto por mi defendido se planteó por motivo de forma (…) sin embargo, ello no limita a esta Honorable Cámara a advertir y corregir de oficio los defectos absolutos y las violaciones a garantías constitucionales que emergen del proceso”, cita el alegato.

El escrito también denuncia que el decomiso de Q300 mil se realizó de manera irregular, pues los precintos bancarios fueron arrancados y descartados, imposibilitando rastrear su origen. Los abogados sostienen que este hecho constituye un defecto absoluto, que invalida esa evidencia y las derivadas de ella, bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.
Asimismo, la defensa recuerda que presentó testigos y documentos que acreditaban que el dinero provenía de la venta de una obra de arte, entre ellos cheques del Banco Industrial que respaldaban la transacción. Sin embargo, esa prueba fue rechazada en el debate y posteriormente desestimada por el Ministerio Público, que incluso procesó a los testigos, lo que califican como un acto de hostigamiento y parcialidad. Con base en estas irregularidades, los abogados piden que la Cámara Penal absuelva a Zamora de manera definitiva, o que en caso de repetirse el juicio, se admitan las pruebas de descargo y se excluya la evidencia obtenida mediante el decomiso irregular.

Una condena que quedó suspendida
En 2023, la Sala Segunda de Apelaciones otorgó una apelación especial a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y anuló la sentencia impuesta contra el periodista y fundador de elPeriódico, que había sido condenado a seis años de cárcel por el delito de lavado de dinero.
La Sala rechazó las apelaciones presentadas por la defensa del periodista, la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y el Ministerio Público (MP). El fallo afectó a la exfiscal anticorrupción Samari Gómez, quien debe nuevamente enfrentar debate junto con Zamora en el Tribunal Noveno de Sentencia.
El Tribunal Octavo, que preside la jueza Oly González, condenó al periodista Jose Rubén Zamora por lavado de dinero en julio de 2022 y lo absolvió por los delitos de lavado chantaje y tráfico de influencias, dictándole una pena de seis años de prisión. En el caso de la exfiscal auxiliar de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la absolvió de la acusación de revelación de información confidencial y ordenó su inmediata libertad.
Samari Gómez señaló que era inocente del delito de revelación de información confidencial de la que fue acusada. Aunque fue coaccionada a aceptar cargos por los querellantes de la Fundación contra el Terrorismo no aceptó. Ella solicitó que le dieran arresto domiciliario pero el juez Fredy Orellana no accedió y enfrentó el proceso en prisión preventiva durante 10 meses.
Actualmente, Jose Rubén Zamora continúa en prisión preventiva por otro proceso en el que la FECI lo criminaliza, mientras que la exfiscal Samari Gómez goza de libertad al haber sido absuelta. No obstante, ambos mantienen la expectativa de que la Cámara Penal emita un fallo favorable que corrija las irregularidades denunciadas en sus casos.
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La justicia mantiene encarcelado al periodista
Son dos procesos penales y tres hechos los que mantienen en prisión al periodista. El primero es por un supuesto ocultamiento del origen de Q300 mil, dinero que le fue incautado en efectivo. Sin embargo, Zamora demostró que los fondos provenían de la venta de una obra de arte.
Debido al tiempo que ha pasado en prisión, el Tribunal Noveno de Sentencia le concedió arresto domiciliario hasta que fue revocado por la Sala Segunda de Apelaciones. El 13 de enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Cámara de Amparo y Antejuicio, le concedió un amparo provisional a Zamora evitando su reingreso a prisión. Esta medida suspendió temporalmente el fallo de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, que había revocado sus medidas sustitutivas en el primer caso.
Por aparte, enfrenta un segundo caso, la Fiscalía lo acusa de obstrucción a la justicia, alegando que habría conspirado para entorpecer una investigación por lavado de dinero, presuntamente ocurrido en 2013. En este mismo proceso, la FECI añadió un tercer señalamiento: falsificación de firmas en boletas de declaración jurada para viajar al extranjero, por lo que solicitó abrir un nuevo proceso por uso de documentos falsificados.
En ese expediente, el Juzgado Segundo Penal, entonces a cargo del juez Erick García, le concedió el arresto domiciliario al considerar que no había motivos para mantener a Zamora en prisión preventiva. Sin embargo, al igual que en el primer proceso, la Sala Tercera de Apelaciones intervino y ordenó su regreso a prisión. Esta decisión es la que ahora se busca anular y su revisión está en manos de la Cámara de Amparo y Antejuicio.
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