El exmagistrado Douglas René Charchal enfrenta juicio por presunto tráfico de influencias en el caso TCQ. La fiscalía lo acusa de favorecer a la empresa con un amparo que evitó un pago de Q24 millones a la Municipalidad del Puerto de San José.
Por Alexander Valdéz
El Ministerio Público (MP) solicitó condena en el juicio por el caso de corrupción de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, contra quien la fiscalía pidió 16 años de prisión y una multa de Q500 mil por los delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
La investigación, develada por la antigua FECI de Juan Francisco Sandoval en 2016, y que en su momento fue considerada uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, estableció que de enero de 2012 y hasta abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
“Dicha asociación entre los sindicados tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del cual la organización obtuvo beneficios, y dirigió acciones para ocultar y blanquear las millonarias sumas de dinero producto de los sobornos”, indica la acusación, que también vincula al exyerno de Otto Pérez Molina.
El exmagistrado Douglas René Charchal está acusado de haber utilizado su influencia para favorecer a la empresa TCQ con un amparo que le permitió evitar el pago de una licencia de construcción a la Municipalidad del Puerto de San José, Escuintla, por un monto de Q24 millones. Charchal había manifestado su disposición de aceptar su responsabilidad por el delito de tráfico de influencias y someterse a un procedimiento abreviado, lo que habría implicado una condena no mayor a cinco años de prisión.
No obstante, el juez resolvió que lo más adecuado era que su situación jurídica se definiera en un procedimiento común, es decir, mediante un juicio oral y público. Es por eso que el caso ahora está en manos del Tribunal de Mayor Riesgo “B”.
Acá otra nota que puedes leer:
https://prensacomunitaria.org/2023/09/otto-perez-se-declara-culpable-en-cooptacion-del-estado-y-logra-una-pena-minima/
Los otros señalados
Otro de los acusados es Julio Norberto Esquivel Orellana, a quien el MP señala de enriquecimiento ilícito. La FECI, ahora a cargo de Rafael Curruchiche, requirió para él una condena de 10 años de prisión y el pago de Q125 mil como sanción económica, al considerar que no pudo justificar el origen de su patrimonio.
En el caso de Lázaro Noé Reyes Mata, también procesado por enriquecimiento ilícito, la petición de condena es de 10 años de cárcel, pero con una multa mayor: Q500 mil, debido a la magnitud de los fondos detectados en sus cuentas y que no corresponden a sus ingresos lícitos.
Asimismo, el MP solicitó 14 años de prisión para Mario Ruano San José por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Finalmente, la petición más severa recayó sobre Gustavo Adolfo Martínez Luna, exyerno del expresidente Otto Pérez Molina, procesado por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude, para quien la fiscalía requirió 28 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Al haberse emitido las conclusiones del caso, queda pendiente que lo haga la defensa de los acusados. Luego se escucharán los alegatos finales y por último se debe anunciar la fecha de la sentencia.
Acá otra nota que puedes leer:
https://prensacomunitaria.org/2019/11/allan-marroquin-el-profugo-que-fue-escuchado-por-la-comision-anticicig/
