El Ministerio Público de Consuelo Porras solicitó condenar a Stuardo Campo y dos exauxiliares por supuesto incumplimiento de deberes en el caso Alfa Siete. El pedido de la Fiscalía de Asuntos Internos llega a la fase final de uno de los tres procesos contra el exfiscal.
Por Alexander Valdéz
En la fase final del juicio, por uno de los tres procesos impulsados por el Ministerio Público de Consuelo Porras contra el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, la Fiscalía de Asuntos Internos presentó sus conclusiones y solicitó al Tribunal Décimo de Sentencia, a cargo de la jueza Magda Martínez, condenar a seis años de prisión al exfiscal anticorrupción y a los exauxiliares fiscales Carlos Faustino Flores y Gonzalo Rafael Chilel.
Los exfuncionarios están acusados de supuesto incumplimiento de deberes en el caso Alfa Siete, una investigación que ha generado dudas por tratarse de uno de los expedientes judiciales promovidos por la administración de Porras contra exfuncionarios que investigaron casos de gran corrupción en el país.
🚨 El MP pide 6 años de cárcel para el abogado y exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y su inhabilitación para cargos públicos.
La solicitud fue presentada este jueves ante el Tribunal Décimo. pic.twitter.com/oBG4rDi8Jg
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) July 17, 2025
“Solicitamos se imponga una pena de seis años e inhabilitación especial por el mismo tiempo, para ocupar cargos o empleos en instituciones públicas”, dijo la fiscal al terminar su intervención en la audiencia de debate de este viernes.
Además, según ella, se probaron las supuestas irregularidades en la investigación de una red de tráfico ilícito de migrantes, lo que llevó a la detención errónea de una persona inocente.
Al mismo tiempo, el exfiscal Campo, quien está cerca de cumplir dos años en prisión preventiva, emitió sus conclusiones y reafirmó su inocencia. Señalando que la fiscalía no pudo acreditar los hechos en su contra.
Al haber llegado a esta fase, implicaría que la jueza programe una audiencia en la que podría dictar una sentencia que condene o absuelva a los señalados.
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Casi dos años en prisión preventiva
En el primer proceso, a Campos se le acusó por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Según el MP, cuando trabajaba en la Fiscalía de Sección contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, efectuó acciones que causaron que una persona de 70 años fuera aprehendida injustamente y estuviera en un centro de detención por 27 días en espera de resolver su situación jurídica.
En el segundo expediente que se conoce en el Juzgado Décimo Penal, Campo fue señalado de los delitos de incumplimiento de deberes y denegación de justicia. La investigación señala supuestas anomalías que pudieron haberse dado dentro de la investigación que realizó en la Zona Libre Santo Tomás de Castilla, en un caso por defraudación tributaria en el que hasta la fecha ya hay personas condenadas por corrupción.
Por aparte se le notificó de un tercer hecho, en el que se le busca señalar de incumplimiento de deberes, es el mismo caso que enfrentó su excompañero Eduardo Pantaleón, quien fue absuelto en el juicio. El MP lo acusó de irregularidades en la entrega del expediente del caso Libramiento de Chimaltenango.
Un trabajo sobresaliente
Campo dirigió importantes investigaciones durante su paso por el Ministerio Público, incluyendo casos como el Libramiento de Chimaltenango, corrupción en el Ministerio de Cultura, manejo irregular de fondos de pandemia y procesos contra exfuncionarios como Mynor Moto y Jimmy Morales.
Sin embargo, su remoción de la Fiscalía contra la Corrupción a la de Tráfico de Migrantes, en abril de 2021, marcó un giro en estas investigaciones, muchas de ellas quedaron estancadas o fueron archivadas, como el caso que involucra a Alejandra Carrillo, exdirectora del Instituto de la Víctima.
Campo no fue el único: su colega Eduardo Pantaleón, quien también investigaba redes de corrupción, fue detenido y suspendido. Bajo la gestión de Consuelo Porras no se han presentado nuevos casos contra altos funcionarios, pese a denuncias públicas. En cambio, su administración ha sido criticada por enfocarse en procesar a exfiscales que investigaron corrupción en gobiernos anteriores.
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