Human Rights Watch pidió a la Unión Europea sanciones contra fiscales, un magistrado y jueces por “acciones antidemocráticas”. La medida responde a la criminalización de autoridades indígenas. Denuncian que acusaciones de “terrorismo” contra manifestantes pacíficos carecen de fundamento legal.
Por Alexander Valdéz
La organización internacional Human Rights Watch solicitó formalmente a la Unión Europea (UE) que amplíe la lista de funcionarios guatemaltecos sancionados por acciones antidemocráticas.
La acción contra siete funcionarios más se fundamenta en la reciente captura de las autoridades indígenas de los 48 Cantones: Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ambos actualmente en prisión y acusados de terrorismo por haber encabezado las manifestaciones pacíficas que rechazaron el intento del golpe de Estado en Guatemala.
Según la organización, ninguna de las acciones atribuibles a Pacheco y Chaclán parece constituir terrorismo bajo una definición razonable. Pero denuncian que el pasado 25 de abril, la jueza Carol Patricia Flores ordenó prisión preventiva para ambos.
“Como ustedes saben, estas acusaciones forman parte de un esfuerzo más amplio encabezado por Porras para presentar cargos políticos contra funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y personas que apoyaron la transición democrática tras las elecciones de 2023. La fiscalía ha iniciado al menos 17 investigaciones contra altos funcionarios y ha solicitado a la Corte Suprema en al menos once ocasiones que le retire la inmunidad al presidente Arévalo”, recalcaron.
Entre los funcionarios anteriormente sancionados por la Unión Europea figuran la fiscal general Consuelo Porras, el juez Fredy Orellana y los agentes fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales, por considerar sus acciones dirigidas contra el partido Semilla como antidemocráticas.
“Muy sorprendido por el nivel de mentiras y falsedades. Me tratan de incluir por el arresto de un viceministro que pertenecía a los 48 Cantones, como si yo tuviera algo que ver en ese tema. Me reservo el derecho de entablar demandas contra esta organización. Le pediré una reunión a los integrantes de dicha organización y con el embajador de la Unión Europea”, dijo el diputado Álvaro Arzú.
Acá otra nota que puedes leer:
https://prensacomunitaria.org/2025/04/human-rights-watch-insta-a-la-union-europea-a-ampliar-sanciones-contra-funcionarios-del-mp/
¿Contra quiénes se pidieron sanciones?
Human Rights Watch instó a que se amplíen las medidas restrictivas, incluyendo congelamiento de cuentas y prohibiciones de viaje, bajo su marco en apoyo a la democracia en Guatemala.
- Felipe Alejos Lorenzana, diputado, investigado por sobornos para nombramientos judiciales. Sancionado por EE. UU. y Reino Unido.
- Álvaro Arzú Escobar, diputado, apoyó procesos judiciales para deslegitimar las elecciones de 2023. Sancionado por EE. UU.
- Dimas Jiménez y Jiménez, fiscal regional y posible sucesor de Porras. Apoya procesos penales espurios.
- Luis Mauricio Corado Campos, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, vinculado a redes de tráfico de influencias.
- Carol Patricia Flores Polanco, jueza, ha avalado procesos penales abusivos contra exfuncionarios de justicia y líderes sociales.
- Víctor Manuel Cruz Rivera, juez, incluido por EE. UU. en la lista de actores corruptos por obstruir investigaciones judiciales.
- Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, juez, ha promovido procesos abusivos contra periodistas y exfiscales de la CICIG.
Acá otra nota que puedes leer:
https://prensacomunitaria.org/2025/04/jueza-procesa-penalmente-y-envia-a-prision-a-pacheco-y-chaclan-dos-exintegrantes-de-los-48-cantones/
