Jonathan Diego Samuel Franco Tobar no puede regresar a su Guatemala por una orden de captura en su contra. Una orden emitida por haber gestionado una alerta roja contra el exembajador Julio Ligorria, cuando trabajaba en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Por Alexander Valdéz
En un país donde operadores de justicia buscaron cambiar lo que consideraban injusto y acabar con la corrupción, esa lucha se convirtió en una pesadilla. Lo que comenzó como una odisea por la justicia, terminó siendo un tsunami de criminalización contra quienes osaron enfrentarse a un sistema de redes de corrupción. El costo ha sido alto: el destierro, la persecución y la pérdida de aquello que alguna vez llamaron hogar.
A los relatos desgarradores de exfiscales, jueces, abogados, activistas y periodistas que han sido víctimas de la maquinaria de persecución del Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, hoy se suma a la lista un investigador policial, cuyo trabajo consistía en el seguimiento y la detención de narcotraficantes, exfuncionarios señalados de corrupción y militares acusados de delitos de lesa humanidad.
La vida de un investigador policial dedicado a la justicia puede ser una carrera llena de riesgos, sacrificios y decisiones que cambian el rumbo de su existencia. Este es el caso de Jonathan Diego Samuel Franco Tobar, un hombre que dedicó años de su vida a desentrañar redes de narcotráfico, detener a personajes corruptos y enfrentarse a militares señalados por graves delitos.
Su trabajo lo convirtió en un nombre destacado en el ámbito de la investigación criminal. Sin embargo, su compromiso con la verdad lo llevó por un camino impensado: el exilio. En la actualidad, lejos de su país, enfrenta una orden de captura que lo persigue como si fuera un criminal, en lugar de reconocerlo como un servidor público que arriesgó todo por hacer justicia. Esta es la historia de un hombre que, pese a su dedicación y logros, se convirtió en víctima de un sistema que parece castigar a quienes lo desafían.
Vía telefónica, el investigador compartió su historia con Prensa Comunitaria. Aunque en su voz se percibía un tono de satisfacción por el trabajo realizado y una esperanza inquebrantable de quien conserva la de idea de que algún día se hará justicia, también dejó al descubierto el profundo costo personal que ha tenido hacer su trabajo.
Con nostalgia y dolor relató que vive en soledad, lejos de los suyos. No ha podido ver a su hijo, a su madre, tampoco a una hermana que enfrenta una batalla contra el cáncer. “Tengo un hijo, llevo tres años sin verlo. A mis hermanos también tengo tres años sin verlos. A mí hermana le dio cáncer, y no he podido estar con ella. La única persona de mi núcleo familiar que pude ver, hace unos años, fue a mi mamá. Yo vivo solo”, dijo con voz quebrada. Su testimonio es un reflejo del precio que ha pagado por buscar la justicia en un sistema que lo persigue.
Franco Tobar no puede regresar a Guatemala por una orden de captura en su contra. Una orden emitida por haber gestionado una alerta roja contra el exembajador Julio Ligorría, cuando Tobar trabajaba en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Ligorria fue acusado en el caso Construcción y Corrupción y ahora goza de libertad.
El Ministerio Público lo persigue por haber gestionado las alertas rojas, así como por su conocimiento de casos de corrupción, entre los que destacan los de Alejandro Sinibaldi. Tobar, quien apoyó en varios procesos judiciales, se encuentra actualmente exiliado y a la espera de un trámite de asilo que le brinde seguridad.
Además, Tobar ha revelado que se le presionó para que declarara contra exfiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que estuvieron involucrados en el caso, pero se negó a hacerlo.
“Querían que yo declarara cosas anómalas en contra del licenciado Carlos Videz y Juan Francisco Sandoval, cuando yo jamás tuve conocimiento, ni siquiera tuve llamadas, ni siquiera tuve algo en específico con ellos para ponerme yo en contubernio por hacer algo ilícito. Yo jamás hice algo ilícito”, expresó.
¿Cómo inició su carrera en investigación policial en Guatemala?
Uno de mis proyectos durante mi tiempo en la academia fue desarrollar y traducir al inglés los artículos 7 y 8, que se refieren a los derechos de un detenido. Esto surgió como respuesta a un problema recurrente: muchos policías no sabían cómo expresar o notificar estos derechos, especialmente en inglés u otros idiomas. Era común que ni siquiera pudieran explicar correctamente los derechos de un detenido, lo que generaba dificultades en situaciones internacionales o con extranjeros.
Mi proyecto en la academia se centró en solucionar ese vacío de traducción al inglés y capacitando sobre su uso. Gracias a ese trabajo, me tomaron en cuenta para ingresar a la policía de Interpol en 2014.
¿Cómo fue su trabajo con otros países?
Empecé mis primeras colaboraciones con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Estados Unidos. También colaboré con policías de El Salvador, Interpol de El Salvador, Interpol Honduras e Interpol México, que era lo más común, especialmente en las fronteras entre México y Guatemala.
Tuve varios casos destacados, como la detención de Ochoa Restrepo, en colaboración con la Interpol de Costa Rica. Era un narcotraficante colombiano que utilizaba las vías marítimas entre Colombia y Costa Rica, pero vivía en Guatemala. También participé en casos importantes, como el de Javier Duarte, un político mexicano que utilizó Guatemala como refugio para esconderse.
Además, junto con otros compañeros, detuvimos a un asesino en serie mexicano.
¿En qué investigaciones apoyó en Guatemala?
Me asignaron también a colaborar en casos de la FECI cuando Juan Francisco Sandoval estaba a cargo (ejecuté la captura de Jaime Ramón Aparicio Mejía en Argentina y apoyé en la búsqueda de Julio Ligorria). También colaboré mucho con la Fiscalía de Derechos Humanos, con el caso de las Dos Erres, que fue un caso que también me marcó mucho. Del caso de las Dos Erres, fueron dos personas las que detuve.
Entre ellos Gilberto Jordán. Cuando fue detenido, me dijo: “fue mal haber dejado testigos en esa operación”. O sea, él sabía lo que venía, sabía lo que hacía y sabía que ellos estuvieron involucrados en una masacre.
Y a mí me marcó mucho ese caso porque yo leí el libro El Verde Púrpura (José Flores. Editorial Praxis, 2001) en la universidad y yo sabía de todo lo que habían hecho. Para mí, otro cambio muy rotundo fue cuando el juez los dejó libres. Nosotros habíamos invertido tanto tiempo, tantas horas de investigación y el juez los dejó libres.
¿Cómo se percató que querían perseguirlo?
Fui citado al Ministerio Público y me hacían la afirmación de que no fuera con abogado, que sólo era conmigo. En mi declaración yo fui con una abogada. Ella me ayudó en ese entonces, pero no querían que ella estuviera.
Cuando fui a declarar junto con mi abogada, me decían que “se violentaron los derechos de este político en España (Julio Ligorria), que él había sido detenido de forma ilegal”. Cuando existe una orden de captura nacional y, es aceptada la nota roja internacional, significa que existió un procedimiento legítimo.
Desde ese instante me di cuenta de que querían cambiar la imagen del trabajo que yo estaba haciendo y también el que estaban haciendo los fiscales anteriores en estos casos. Me estaban señalando de hacer algo ilícito.
¿Tiene una orden de captura vigente?
Sí. Inicialmente yo no encontré ninguna orden de captura en mi contra, en ningún juzgado, no existía nada. Es aquí donde se encuentra lo anómalo, por normativa, cuando un juez emite una orden de captura, tiene que ser entregada a la sección de capturas de la PNC.
Nunca existió nada. No se entregó esta orden de captura ante la PNC durante meses. Fue una orden anómala. Y en esas mismas fechas estaba iniciando el trámite de asilo. Mi trámite de fue aceptado en mayo del 2023 y es en esa misma fecha cuando presentan la orden en la sección de capturas.
¿Qué ha cambiado en estos últimos años para usted y su familia?
A la única persona de mi núcleo familiar que he podido ver es a mí mamá. Yo vivo solo. La situación ha sido muy dura en el tema familiar y en el tema laboral. Ya estaba en mis últimos exámenes privados para abogado y notario. Iba a ser abogado y notario en Guatemala.
Estaba preparándome para un ascenso en la policía. Tenía todo: diez años de mi vida entregados al servicio, esforzándome por mí país. Pero todo cambió. Absolutamente todo. Durante casi cuatro o cinco años contribuí a la captura y privación de libertad de criminales. Incluso, en un año, logré un récord de 200 detenidos.
¿Cómo evalúa el estado actual del sistema de justicia?
En seis años, apoyé la detención de casi 700 personas por diversos delitos: violación, asesinato, homicidio, secuestro, corrupción y narcotráfico. Muchos de los casos en los que trabajé involucraban a personas implicadas en narcotráfico, incluyendo a ciudadanos salvadoreños, hondureños y mexicanos.
Sin embargo, quedarme en Guatemala y esperar una justicia ciega y lenta, después de haber contribuido a llevar a tantos detenidos a las cárceles, era condenarme a no sobrevivir.
La oleada de la criminalización de operadores de justicia
Esta misma semana, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala durante 2024, en el que hizo ver que el país continúa enfrentando desafíos sistémicos y estructurales como la desigualdad, la criminalización que impulsa el Ministerio Público y que vulnera el acceso a la justicia.
El informe presentado este lunes aborda las temáticas de igualdad y desigualdad; desarrollo sostenible; justicia y lucha contra la impunidad; y espacio democrático. En él se resalta la política de protección para defensores de derechos humanos del gobierno de Bernardo Arévalo. Expone también la impunidad que gozan militares de alto rango acusados de violaciones de derechos humanos en procesos judiciales de justicia transicional.
Otro reporte de Amnistía Internacional revela que solo en el año 2022, tuvieron lugar 3,754 ataques contra personas defensoras de derechos humanos y al menos 73 operadores de justicia, periodistas y activistas tuvieron que exiliarse.
Señala que en muchos casos, los ataques se tradujeron en procesos judiciales infundados, detenciones arbitrarias y en otros el exilio forzado. Se estima que al menos 43 fiscales, jueces, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se vieron forzados a huir de Guatemala desde 2018, la mayoría sigue luchando por la justicia desde el exilio.
