En el municipio de El Estor, Izabal, las intensas lluvias registradas el 20 de julio de 2024 provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas, dejando a comunidades como Caxlanpom, Benque y Santa Rosita bajo el agua.
Las familias Q’eqchi’ de Buena Vista, ya desplazadas por un desalojo en mayo, sufren nuevamente la pérdida de sus viviendas y pertenencias, mientras esperan la respuesta del gobierno de Bernardo Arévalo para atender sus necesidades.
Por Juan Bautista y Nathalie Quan
La noche del sábado 20 de julio de 2024 fuertes lluvias azotaron el municipio de El Estor, en Izabal, alarmando a cientos de familias Q’eqchi’ en áreas rurales.
Las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y quebradas e inundaron viviendas y cultivos de las comunidades de Caxlanpom, Benque y Santa Rosita. En esta última comunidad, a orillas de la carretera y debajo de árboles, se encuentran las 48 familias de Buena Vista, quienes fueron desalojadas en la finca Tz’inté el pasado 22 de mayo.
El río Prieto desbordó los techos de nailon y pertenencias de las familias de Buena Vista. Mujeres con hijos e hijas fueron evacuadas.
#ElEstor 🌧️ Las fuertes lluvias en el territorio Q’eqchi’ afectaron a varias familias en la comunidad de Buena Vista, Santa Rosita.
Estas familias fueron desalojadas de la finca Tz’inte donde estaban viviendo, por lo que ahora sufren por el desborde del río El Prieto.
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Marcelino Choc, uno de los damnificados, cuenta que las familias “están sufriendo mucho y sus hijos están temblando de frío”. Recordó que en 2015 vivieron una situación similar en la Sierra de Santa Cruz, ubicada en el sur de El Estor. Ahora no tienen a dónde ir.
En ese entonces fueron víctimas de un desastre natural. Meses después, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) declaró inhabitable la comunidad donde se encontraban, lo que obligó a su desplazamiento a distintos lugares.
Las familias de Buena Vista ocuparon la finca Tz’inté, de Luis Fernando Arriaza Migoya. El pasado 22 de mayo fueron desalojadas por más de 500 policías. El dueño de la finca estuvo presente durante las acciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Ese día perdieron sus cultivos y viviendas. A raíz de eso las familias se encuentran a la orilla de la carretera de la comunidad de Santa Rosita, que también tiene una orden de desalojo para el 28 de agosto de 2024.
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48 familias Q’eqchi’ de la comunidad Buena Vista fueron desalojadas de forma ilegal en El Estor
Otras familias que salieron de la Sierra de Santa Cruz ocuparon la finca El Murciélago, de Miguel Ángel Arriaza Migoya, para crear las comunidades de Plan Grande y Esfuerzo Túnico. Mientras los pobladores de Santa Rosita se asentaron en la finca Santa Rosa de Max Quirin.
Estas cuatro comunidades actualmente enfrentan amenazas de desalojos. El gobierno de Otto Pérez Molina prometió comprarles un terreno, pero la promesa nunca se cumplió.
“Estamos sufriendo demasiado”, relata Marcelino Choc. “Nuestros hijos están temblando de frío y todas nuestras ropas se mojaron. Hace nueve años pasamos por algo similar y por esa misma razón llegamos a Buena Vista, donde nuevamente fuimos desalojados por los finqueros y las autoridades. Ya no tenemos a dónde ir”, agregó.
#ElEstor ☔ Familias de la comunidad de Santa Rosita, amanecen inundadas por el desborde del río El Prieto
Las fuertes lluvias que ingresaron en el territorio afectaron a 38 familias de Santa Rosita y 27 de las familias que fueron desalojados en Buena Vista, Tz’inte, que… pic.twitter.com/cwd5wmNFMd
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Desde hace dos meses, las familias de Buena Vista viven bajo la amenaza constante de cualquier fenómeno natural. Este año, el cambio climático ha empeorado considerablemente el área rural y urbana de El Estor.
El 23 de junio, la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh) llegó a El Estor para evaluar la situación de las familias de Buena Vista. Durante la visita, el titular de la Comisión, Oswaldo Samayoa, se comprometió a brindar atención inmediata a las familias afectadas. Sin embargo, hasta la fecha, solo el personal de salud ha visitado a los menores de edad dos veces por semana, dejando a la comunidad a la espera de una respuesta más integral.
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Copadeh: “No está en las manos del Ejecutivo suspender el desalojo en El Estor”
“Estos son nuestros hermanos indígenas, no son animales para vivir de esta manera”, comenta Gerónimo Cucul, un vecino cercano a la comunidad de Santa Rosita. Gerónimo ha ofrecido su hogar para que las familias puedan descansar junto a sus hijos por unos días.
Las mujeres, acompañadas de sus hijos e hijas, exigen al Estado que cumpla con la promesa de comprar las fincas y viviendas, la que les hicieron en 2015 tras el desastre natural. “No tenemos a dónde ir, nuestros hijos están sufriendo. Pedimos al Estado que cumpla con su promesa, ya son nueve años que estamos viviendo esta situación”, expresó una mujer que prefirió omitir su nombre.
La historia de las familias Q’eqchi’ de este municipio refleja la vulnerabilidad de las comunidades ante los desastres naturales y el cambio climático. La falta de vivienda adecuada, acceso a servicios básicos y medidas de protección ante riesgos pone en peligro la vida y el bienestar de sus habitantes.
Este texto se realizó en el marco de la Sala de Creación comunitaria y medioambiental, un ejercicio periodístico colectivo organizado con un grupo de periodistas de territorios de Prensa Comunitaria, bajo la coordinación de Francisco Simón.
